El contexto social y económico derivado de la pandemia de la COVID-19 con el consecuente desabastecimiento de productos y de la cadena de suministro y la subida de los precios, han colocado a las empresas en una situación complicada, pues se han visto obligadas a asumir unos costes cada vez más elevados para seguir produciendo y funcionando.
Sin embargo, se ha hecho inviable la repercusión de estos costes en los productos o en los precios finales a los clientes, sobre todo debido a la diversificación del mercado y la ampliación de la competencia, así como la necesidad de adaptación o creación de mercados alternativos como, por ejemplo, el e-commerce.
A lo anterior se le añade la subida año tras año del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con el consecuente incremento en su caso, de las tablas salariales de los Convenios Colectivos, algunos de ellos, por haber sido negociado en ese sentido, sin permitir la absorción y compensación.
Asimismo, la constante regulación de nuevas obligaciones empresariales, con el coste de su cumplimiento y su ejecución, han ocasionado que el control exhaustivo del número de personas trabajadoras en plantilla cada vez sea más necesario, por no solo mantener el status quo, sino también por evitar que los gastos de personal sean desproporcionados o incluso inasumibles.
Sin embargo, desde nuestra experiencia profesional, basada no solo en los críticos últimos años sino en recesiones anteriores (como la conocida burbuja inmobiliaria sufrida en 2008, entre otras), hemos tenido conocimiento que una gran red empresarial no planifica de forma estratégica el ajuste y optimización de sus costes laborales, ni siquiera mediante la aplicación de las conocidas como “medidas de ahorro de menor o medio impacto”, es decir, las menos imperceptibles y perjudiciales para la plantilla de trabajadores/as. Más bien, todo lo contrario, en la mayoría de las ocasiones, las organizaciones mantienen o incluso incrementan los costes, contra fondos o endeudamiento externo, ocasionando que la situación económica a medio y largo plazo sea insostenible y se deba recurrir a medidas de ahorro de alto impacto – y graves perjuicios para todas las partes implicadas como son los expedientes de regulación de empleo.
Las medidas que las empresas, por tanto, pueden plantearse para ajustar y optimizar sus costes laborales son las siguientes, ordenadas de menor a mayor gravedad o incidencia para las personas trabajadoras y para la propia empresa (y, por tanto, ordenadas de más fácil a más difícil implantación en las mismas).
Por Ignacio Legido, Socio responsable del área Legal de BDO
