La transición hacia la economía verde es un proceso imparable que desde hace años pilota la Unión Europea y que supone el mayor reto industrial y de transformación social de las últimas décadas. La UE quiere conseguir la neutralidad climática para 2050 y el objetivo intermedio es reducir las emisiones netas de CO2 en un 55% como mínimo de aquí a 2030; para ello, se ha establecido que el consumo de energía renovable alcance el 42,5% para 2030.
Estas metas son anteriores a los conflictos bélicos que han estallado en Palestina y, desde febrero de 2022, en Ucrania, tras la invasión rusa. Sin embargo, ambas guerras han puesto todavía más de manifiesto la vulnerabilidad europea, la necesidad de prescindir de combustibles fósiles que, además de contaminar e impulsar el calentamiento climático, implican una dependencia económica de regímenes autocráticos que utilizan los precios de las materias como un arma de presión geopolítica. No hay que olvidar que hasta 2019 la UE importaba casi todo el petróleo y el gas natural que consumía.
En PwC hemos dedicado la edición de nuestro Consenso Económico y Empresarial, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, a conocer la opinión de los expertos, empresarios y directivos sobre el futuro modelo energético para España y Europa. La mayoría de nuestros expertos consideran que es un motivo de orgullo que España alcance este año la cota del 50% de generación eléctrica verde porque de esta manera dependeremos menos de otros países y será más barata. No obstante, también hay un número importante de encuestados que opinan que aunque los objetivos son adecuados, deberían establecerse plazos más realistas para una mejor adaptación de la industria y la tecnología.
Lo que demuestran claramente las respuestas del conjunto de los encuestados es que entre ellos no hay negacionistas sobre el cambio climático. Cuando se les pregunta por los objetivos de la UE sobre reducción de emisiones y la neutralidad climática para 2050, sólo el 7% considera que “no tienen sentido porque no está demostrado que el cambio climático esté relacionado con la quema de combustibles fósiles”. No obstante, el 34% apunta que esas metas son “imposibles de alcanzar”.
Para un buen número de los preguntados (el 40%) los objetivos son muy difíciles de lograr, pero creen que se conseguirán con importantes sacrificios. Casi el mismo porcentaje estima que supondrán un gran golpe a la industria europea y se rectificarán, mientras que el 42% dice no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación. Esta postura intermedia aparece en buen número de las respuestas a este informe, prueba de las dudas que suscita entre el proceso de descarbonización industrial entre los empresarios.
Respecto si los beneficios que reportará a la salud y al medio ambiente de los europeos justifican los esfuerzos económicos que supondrán los objetivos climáticos, el 53% indica que los objetivos son adecuados, “pero deberían establecerse a plazos más largos para una mejor adaptación de la industria y la tecnología”. El mismo porcentaje apuesta por la limpieza ambiental “porque sin un planeta sano la economía y la población no pueden desarrollarse”. Otra vez se percibe la ausencia de negacionistas porque solo el 14% cree que esta política “creará más problemas de los que intenta resolver, ya que generarán paro y descontento social antieuropeo”.
El informe aborda los efectos que pueden tener las guerras en Ucrania y en Oriente Medio sobre la conciencia ecológica. La respuesta con más seguidores ha sido que sí acelerará esta preocupación porque “se ha demostrado el alto precio que paga Europa por su vulnerabilidad energética frente a Rusia o los países árabes”, con un 41% de los apoyos. Pocos, solo un 15% apuntan que una vez que se resuelvan los conflictos, la tendencia será continuar con los combustibles fósiles, “que son más baratos”.
La quinta pregunta debatía sobre si sirve de algo que la UE lucha contra el cambio climático si otros grandes países o continentes, tan contaminantes o más, no lo hacen. El 56% está de acuerdo en que se debe mantener esta política, sin pensar en lo que hacen los demás, frente al 44% dice que “mientras otros países, como China, India y EE. UU., que son los más contaminantes, no hagan lo mismo, servirán de poco los logros de la UE”.
A los encuestados, expertos, empresarios y directivos se les cuestionó sobre España y si se puede considerar un orgullo que esté a la cabeza mundial en renovables. La mayoría (un 53%) dice que sí, porque dependeremos menos de otros países y tendremos energía más barata; solo el 8% está en contra de esta afirmación. También más de la mitad sostienen que “será un legado para futuras generaciones: vivir sin contaminar”. Y de nuevo son unos pocos los que creen que no hay que sentir orgullo “porque llega demasiado tarde y el calentamiento ya no tiene remedio”, un 7%, o el 2% que dice que no “porque el precio que vamos a pagar en empleo y costes no compensará”.
A continuación, se plantea el sentido de las ayudas públicas vinculadas a los combustibles fósiles –que en 2022 ascendieron a 6,5 billones de euros, según el FMI– mientras también se subvenciona a las renovables. Casi el 50% dicen que sería lógico que ese dinero se destinará a la investigación y promoción de energías verdes. Y también son mayoría los que apuntan que “no tiene sentido fomentar estos combustibles a la vez que se trata de reducir las emisiones”. La división de opiniones domina las respuestas sobre si se debe favorecer a la energía nuclear (31% en contra y 26% a favor) o que todavía es pronto para prescindir de los combustibles fósiles, (27% a favor y 27% en contra).
Siguiendo con el debate nuclear, se preguntaba si están de acuerdo con la Comisión Europea que la considera como energía no contaminante porque apenas produce emisiones de dióxido de carbono durante su producción. Otra vez aparecieron las dudas entre los encuestados. El 48%, están de acuerdo con este criterio y el 53% indica que se ha hecho para proteger a la industria nuclear francesa, mientras que un 31% muestra sus disconformidad porque estima que los residuos posteriores a su producción son muy difíciles de eliminar.
Ahora se aborda la batalla del coche eléctrico y el posible dumping de China que está investigando la UE. La pregunta es si se debería prohibir la venta de coches o baterías de países que los subvencionan. Las dudas regresan a los encuestados: el 34% cree que sí porque es competencia desleal y el 22% que no; el resto no se posiciona.
También la tónica es la división de opiniones cuando se cuestiona si Bruselas debería frenar las leyes ecológicas que implican subidas de precios. El 31% cree que se debe seguir este camino, pese a su carestía y el 23% está en contra. El resto no toma partido.
La última cuestión hace mención al lavado de imagen de las empresas en su política medioambiental y se preguntaba si es frecuente. El 49% asegura que las empresas toman medidas en materias de sostenibilidad, “pero no tantas como hacen creer a la sociedad con su publicidad”. Solo el 7% está en contra de esta afirmación, algo muy significativo. También es cierto que el 42% votó a favor de otra opción que decía que tanto en España como fuera de nuestro país, el greenwashing es frecuente, y se pide a los reguladores que sean más claros en su normativa.
