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La Unión Europea y Estados Unidos mantienen activas las agendas reformistas de sus mercados financieros. Después de la Dodd Frank Act de 2010, la norma sobre la que ha girado la transformación del sector estadounidense, y de los avances en la Unión Bancaria, con plena capacidad supervisora de los bancos de la zona euro, aún subyace un reto ineludible: la armonización de las regulaciones de uno y otro lado del Atlántico para, con posterioridad inmediata, conceder a dicho acuerdo el estatus de Ley Universal.

El mandato de emprender una reforma integral de la regulación bancaria surgió en la urgente reunión del G-20 celebrada en Pittsburgh, en octubre de 2008, escasas semanas después de la quiebra de Lehman Brothers. Y dejó un mensaje muy claro de transformación de los ordenamientos jurídicos de sus socios –las potencias industrializadas y los grandes mercados emergentes- en tres líneas de flotación de la arquitectura financiera mundial.

De un lado, nuevos y más exigentes niveles de solvencia y liquidez para los bancos, especialmente los que ostentan la consideración de globales. De otro, la instauración de nuevas reglas para los OTC derivados, los productos de mayor toxicidad financiera. Finalmente, tratar de consolidar la estabilidad financiera con nuevas normas contables.

Los socios responsables del sector financiero de KPMG en Estados Unidos y España, Scott Marcello y Francisco Uría, respectivamente, repasan en este vídeo el road map y el grado de consecución de las metas que se fijaron tras el estallido de la crisis financiera mundial. Un desafío para el que ya se han puesto los grandes pilares, como la Dodd Frank Act, en vigor desde julio de 2010 en la jurisdicción norteamericana, o los pasos hacia la Unión y Supervisión Bancaria europea; las normas de solvencia Basilea III o la incipiente reconversión contable. Pero, al mismo tiempo, ambos expertos admiten que este renovado entramado sigue en estado de mutación.

REGULACIÓN FINANCIERA Y SUPERVISIÓN BANCARIA

Uno de los terrenos más escabrosos de ensamblar es el de la regulación financiera y, aparejado a este, el de supervisión bancaria. Incluso dentro de la órbita de una misma área jurisdiccional. En este sentido, Marcello reconoce que, cinco años después de la Dodd Frank Act, “las dificultades regulatorias persisten”, al implantar “la totalidad de los requerimientos” legales. No hay que olvidar –recalca– que la Reserva Federal, banco emisor y organismo supervisor del sistema bancario estadounidense, “está integrada por 12 bancos individuales, con sus propios equipos y protocolos de actuación”. Aun así, “la evolución ha sido positiva”, gracias a una “comunicación abierta” que ha creado avances armonizadores, “aunque no tan rápidos y precisos como inversores y agentes económicos hubieran querido”. En línea con la impresión de James Dimon, CEO de JP Morgan, de que gran parte de las deliberaciones en EE.UU. aún se centran en negociar la regulación actual, lo que parece generar “un doble terreno de juego” en el que operar, y en el que los bancos deben apelar a “su ambición” para reconocer de dónde proceden sus fuentes [de ingresos], si vienen de fuera del mercado americano o son domésticos, y si se sienten o no amenazados por el régimen legal vigente. Pero, a su juicio, y de forma simultánea, también se abren ante ellos nichos de negocio que abordarán desde sus muy distintas estructuras operativas, lo que augura que vayan a existir “respuestas diferentes” ante las diversas oportunidades que se les presenten en EE.UU.

Uría comparte el diagnóstico sobre los obstáculos a la coordinación, a la armonización y a la implantación de prácticas supervisoras entre los distintos reguladores americanos, pero traslada este escenario también a Europa. “Es el tiempo de la aplicación de las normas” tras un largo periodo de cambios legislativos. Si bien –precisa– “el contenido de la agenda en Estados Unidos y en Europa resulta bastante similar”, probablemente “más que nunca” en regulación y supervisión, ya que han decidido adoptar “las mejores prácticas de uno y otro lado” del Atlántico. De ahí que Marcello considere que este panorama esté “en constante transformación”. En EE.UU. –aclara– “todavía habrá notables cambios, no solo de leyes nuevas, sino de modificaciones legislativas derivadas de interpretaciones de las regulaciones actuales”, lo que trasladará “más incertidumbre” a los operadores y agentes del mercado “y no solo a los americanos, sino también a europeos y asiáticos”. Sin embargo, los deseos de colaboración más estrecha, de seleccionar las mejores prácticas o de poner en marcha el mejor entramado regulatorio entre la Fed y el BCE invita a pensar que en el futuro a medio plazo “esta compenetración de informaciones e ideas” entre los dos grandes bancos emisores consiga dar con la adecuada tecla armonizadora. “Al menos esa es mi esperanza”, afirma.

EL PUNTO NEURÁLGICO DE LA ARMONIZACIÓN

Christian Noyer, gobernador del Banco de Francia, centró recientemente este debate en un punto neurálgico. “El mandato del G-20 está en la dirección correcta”, pero aún persisten importantes medidas que acometer por parte de los reguladores; la más determinante, “consumar una auténtica legislación financiera global”. Un “desafío considerable” –enfatiza el ex vicepresidente del BCE–, porque requiere “preservar la innovación mientras se fijan límites a los instrumentos, los mercados y los modelos que debilitan el conjunto del sistema”; es decir, “no descuidar la consistencia de las regulaciones en las órbitas nacionales” y no enterrar el reto de modelar un “lenguaje común y universal”, a partir de las conversaciones entre EE.UU. y la UE sobre los OTC derivados y normas contables.

Los pasos unificadores en Europa han sido palpables. La crisis ha acelerado la unidad financiera que nació con la Directiva Bancaria de 1977, avanzó a través del Acta Única Europea de 1986 y se actualizó con el informe Lamfalussy, que rediseñó la política financiera. En la actualidad, se habla de la creación de un Fondo Monetario Europeo que servirá de culminación a la unión bancaria y fiscal; incluso con una hoja de ruta que podría acabar, a partir del ecuador de 2017, con cambios en los tratados de la Unión. Todo un guiño a su gran centro financiero, Londres, tras la promesa de David Cameron de convocar una consulta popular sobre la pertenencia de Reino Unido a la UE, cuya lectura positiva del voto pasa por modificar el acervo comunitario. Marcello también admite que la configuración de este “ecosistema” financiero americano está a expensas de “una serie de regulaciones que quedaron fuera de la DIMENSIÓN GLOBAL Dodd Frank Act y que todavía no están en vigor porque no han superado aún sus trámites legislativos”.

Los socios de KPMG también entraron a valorar los desafíos en materia de innovación tecnológica que esbozó Noyer. Así, para Marcello, la nueva filosofía de transparencia financiera, y la renovada cultura de la buena gobernanza corporativa, en la que van a operar los bancos, también afecta a la dinámica de empresas que, como Google, PayPal o start-up innovadoras, tendrán un papel esencial en las transferencias financieras a través de plataformas digitales, un salto histórico que ya han protagonizado los bancos y que obliga a estas empresas, y a las de consultoría tecnológica y financiera, a buscar sus oportunidades en este clima de renovación legal.

TRATAMIENTO A LA BANCA EXTRANJERA EN EE.UU.

Marcello y Uría enfatizaron su diagnóstico sobre coordinación reguladora y supervisora entre ambas orillas del Atlántico. Para el socio de KPMG en España, los esfuerzos regulatorios en Europa “por proveerse de normas paneuropeas han sido encomiables”. Además, asegura que el reto ahora mismo es la falta de armonización global y muestra su preocupación por que la labor supervisora de la Fed pueda distinguir entre bancos locales y extranjeros. Marcello, a este respecto, afirma que la estrategia de la Reserva Federal ha sido la de focalizar los cambios inspirándose en los códigos de buen gobierno corporativo. En su opinión, la normativa supervisora de la Fed “no atiende al tamaño, sino más bien al estilo y a la naturaleza de la gobernanza” de las entidades bancarias, lo que les obligará a configurar equipos de dirección independientes y a cumplir con exigencias de gestión corporativa “sólidas y de control efectivo sobre los activos, sus accionistas o clientes”. La cultura adecuada es aquella que establece “claras responsabilidades” a los directivos mediante los códigos de buen gobierno corporativo. Todo un terreno para las oportunidades, matiza.

Marcello, a instancias de Uría, asegura que, en este contexto, los bancos españoles están en disposición de consolidar su presencia o, en los supuestos de las entidades que aún no operan en él, de afrontar su ingreso en el mercado estadounidense. En gran medida, porque “su grado de competitividad tecnológica y su concepción de banco al servicio de clientes”, así como su bagaje y experiencia a la hora de “gestionar marcos regulatorios complejos tanto en el ámbito de la banca de inversión, como la minorista, comercial y en otras actividades bancarias, les conceden bastantes oportunidades” en EE.UU., aunque alerta de la conveniencia de que cualquier entidad bancaria, no solo las españolas, debería articular una estrategia de negocios y riesgos flexible, con asesoramiento externo, ya que los organismos de supervisión son cada vez más reticentes y escépticos con los mensajes de “gestiones de riesgos genuinas y diferenciales”, porque no van a consentir arbitrajes regulatorios que busquen eludir las reglas de juego y engendrar sombras de desprotección sobre inversores y clientes.

HACIA LA ARMONIZACIÓN BAJO EL TRATADO TRASATLÁNTICO

Una visión crítica desde Europa…

Desde la Comisión Europea se ha venido incidiendo en los últimos años en la necesidad de que EE.UU. cambie parte de sus actuales reglas de juego, para encontrar el punto de convergencia dentro de las negociaciones en curso del Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP). Entre sus críticas a Washington, destaca la negativa de la Reserva Federal a admitir normas ajenas a las norteamericanas lo que, de facto, supone –advierten en Bruselas– una discriminación contra los bancos extranjeros, que tienen que añadir mayores niveles de capital y liquidez y que conducirá a un modelo –el estadounidense– cada vez más fragmentado en vez de más protegido, aunque también apelan a que la Casa Blanca rebaje su estilo localista en materia contable para superar la brecha normativa entre la IASB y la FASB. Un paso que, a los ojos europeos, obligará a una rápida convergencia en la regulación de los derivados sobre la base del ordenamiento europeo que, a su juicio, contiene leyes más estrictas y transparentes, con mejores instrumentos de supervisión y, por consiguiente, con mayor protección a los clientes.

…con acuse de recibo por parte de EE.UU.

La US Chamber of Commerce ha dado cumplida réplica a las reivindicaciones. Eso sí, coincidiendo en la conveniencia de que la homogeneización de la regulación bancaria se consigne a través del T-TIP. La propuesta de la institución cameral americana habla de crear una agencia de supervisión, la Transatlantic Regulatory Impact Assessments (TARIA), como primer paso hacia el reconocimiento mutuo de unos regímenes financieros compatibles. En su estudio, la Cámara de Comercio Americana asegura haber detectado más de 3.000 riesgos que se solapan entre ambas legislaciones y que se restringirían de un plumazo en caso de que hubiera fumata blanca entre EE.UU. y la UE en este terreno. La TARIA –aseguran sus directivos– centraría sus esfuerzos en reforzar la legislación de protección a inversores y clientes en el ámbito financiero, si bien también entraría a entablar puentes en otros sectores de especial intensidad económica entre las dos orillas del Atlántico.

Por Aránzazu Mielgo / Revista 17 Valores KPMG - julio 2015