Los tiempos que vivimos vienen protagonizados por una acumulación de circunstancias negativas de distinto cariz. Sin ánimo de ser exhaustivos, destaquemos la recesión económica profunda, real y persistente; la falta de liderazgo institucional y referente; una creciente y preocupante desigualdad social; el cuestionamiento de la eficacia de los controles y la visibilidad de malas prácticas -y en ocasiones corruptas-, alejadas de unos exigibles valores éticos.
Son situaciones diversas y complejas que ponen en riesgo la necesaria estabilidad económica y social. Y que, por esta razón, exigen respuestas apropiadas, profundas y complejas, que van mucho más allá de la identificación de chivos expiatorios y la aprobación compulsiva -y precipitada- de nuevas leyes, sin participación ni consenso de los grupos de interés, buscando más el reparador impacto mediático que la solución real del problema.
Esta precipitación y distanciamiento de la realidad creemos que es lo que está rigiendo la acción legislativa del Gobierno español con la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Auditoría de Cuentas.
La causa principal de esta reforma es la necesaria transposición y aplicación de la directiva y reglamento europeos sobre esta materia, ambos de abril del 2014 y con fecha límite de entrada en vigor en junio del 2016. Pero el propósito del anteproyecto presentado no se queda ahí, puesto que como textualmente señala su exposición de motivos "...se aprovecha la reforma para incorporar las mejoras de carácter técnico aconsejadas por la experiencia y la práctica".
La nueva regulación europea en esta materia contempla, entre otros, un planteamiento común para mejorar la integridad, la independencia, la transparencia y la fiabilidad de los auditores y sociedades que auditan entidades de interés público. Se pretende lograr así una mayor calidad de las auditorías y una protección más elevada de los consumidores e inversores. También se contempla en la regulación europea el que se dicten medidas para facilitar el desarrollo de sociedades de auditoría más pequeñas, que desarrollen sus capacidades y contribuyan a ampliar las posibilidades de elección de auditores legales, estimulando incluso a que las entidades de interés público designen a más de una sociedad de auditoría.
El citado anteproyecto se anticipa sin causa que lo justifique al resultado del proceso de interpretaciones y consultas que vienen desarrollando en los últimos meses la profesión auditora europea y la propia Comisión en muchos aspectos de necesaria aclaración, previa a la implantación en los estados miembros.
Es más, el texto gubernamental regula el régimen de incompatibilidades de forma que será de muy difícil aplicación práctica, como en el caso de las previstas extensísimas relaciones familiares del auditor. En entidades de interés público, en los casos de posible prórroga del periodo máximo de contratación del mismo auditor si actúa conjuntamente con otra firma, el anteproyecto sólo contempla ampliarlo hasta 4 años cuando la regulación europea contempla la posibilidad de hacerlo hasta 14. Y no hace uso de la habilitación contenida en la directiva para establecer requisitos simplificados en lo que atañe a la auditoría de pequeñas y medianas entidades.
Aunque la normativa europea prevea la imposición de sanciones administrativas pecuniarias con intención disuasoria, ello no justifica el incremento sustancial de infracciones muy graves que contempla el anteproyecto. Los incumplimientos sancionados hasta el presente han sido muy residuales, fruto sin duda del buen hacer de los profesionales dedicados a la auditoría de cuentas, por lo que el endurecimiento no obedece a la realidad del sector.
Y como guinda, y por si fuera poco el entusiasmo generado entre los profesionales, en la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 -aprobada el pasado 26 de diciembre- se han elevado las tasas del ICAC por la emisión del informe de auditoría en un 9% y con efectos des de el 1 de enero.
Por nuestra parte, y ante esta situación que puede diezmar al sector auditor, creemos que la necesaria recuperación de la confianza y la estabilidad exigen respuestas serenas, contrastadas con todos los grupos de interés -en especial y en este caso con los profesionales-, que sean generadoras de la máxima seguridad jurídica, que no pongan en riesgo la sostenibilidad futura de la profesión, que estimulen positivamente el desarrollo y la potenciación de las firmas en sus distintas dimensiones y que fomenten el acceso a las mismas de los futuros profesionales.
Daniel Faura Llimós, presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y socio de FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.
Artículo publicado en La Vanguardia el 25 de enero de 2015
