* La normativa en materia de provisiones debería reformarse para evitar que la concesión de dinero nuevo a compañías en situaciones delicadas penalice los balances de las entidades que lo prestan.
* La ley concursal debe permitir que las compañías que no puedan financiar su actividad una vez en concurso puedan venderse de forma transparente, ágil y rápida.
Hasta el momento, una gran parte de los procesos de refinanciación vividos en nuestro país han buscado el aplazamiento de las obligaciones de pago y no han permitido que se produzcan restructuraciones operativas profundas.
Esto se ha debido, entre otros factores, a la regulación en materia de provisiones no ha ayudado a las entidades financieras a prestar dinero nuevo a las compañías en situación de refinanciación, lo que ha condenado en muchos casos al concurso y a la liquidación.
Esta es una de las principales conclusiones del informe Temas candentes de las reestructuraciones financieras, elaborado por PwC a partir de la opinión de un nutrido grupo de expertos y profesionales relacionados con el ámbito de las reestructuraciones financieras.
El documento propone tres tipos de medidas para que los procesos de reestructuración sean reales y permitan a las compañías recuperar la senda del crecimiento.
La primera de ellas es la que hace referencia a la reforma de la regulación en materia de provisiones para las entidades financieras. El informe propone la eliminación de la provisión en relación a los aportes de dinero nuevo a compañías refinanciadas, así como que no se considere provisionable la deuda relacionada con las líneas de circulante. El documento señala también que se debería crear un entorno que permita que los importes que provisionan las entidades se trasladen a los negocios, en beneficio de la preservación de valor de los mismos. Esto proporcionaría de liquidez adicional a las empresas en procesos de refinanciación para poder reestructurase y continuar con su actividad.
El informe propone un segundo paquete de medidas encaminadas a establecer cuál debe ser el comportamiento y el camino para llevar a cabo un proceso de refinanciación de forma ordenada, transparente y eficaz. El alto grado de competencia entre entidades financieras en los procesos de refinanciación está impidiendo que estos se gestionen tomando en consideración unas reglas claras, que marquen unas normas de actuación de los partícipes y agilicen los procesos.
“Estas reglas de juego, que deberían ser similares a las existentes en el mercado anglosajón, las llamadas “London rules”, ayudarían significativamente a encauzar los procesos de refinanciación de manera ordenada y con el objetivo de preservar valor en las compañías”, explica Enrique Bujidos, socio responsable de reestructuraciones de PwC.
En el caso español, dichas normas podrían estar impulsadas por el Banco de España e incluir los siguientes aspectos:
Pacto de espera en tiempo suficiente para determinar el cuánto, cuándo y cómo de un proceso de refinanciación.El proceso debe contar con la información apropiada y a tiempo para juzgar lo que da de sí el negocio.Banco con experiencia, que informe y maneje relaciones de manera adecuada con el resto de acreedores financieros.Financiación obligatoria de las necesidades de corto en proporción a la deuda existente.
Según el documento, “resulta alarmante ver la cantidad de procesos en los que, en España, estas reglas se incumplen de manera sistemática. Dicho incumplimiento hace que los procesos sean largos y muy ineficientes, y generen una importante destrucción de valor”.
¿Una ley concursal al servicio de las refinanciaciones?
El tercer tipo de medidas propuestas están encaminadas a que la actual ley concursal responda eficazmente a las necesidades de los procesos de refinanciación. En este sentido, el Real Decreto-ley 4/2014, aprobado el pasado mes de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, ha introducido notables mejoras en la materia.
Por un lado, ha tratado de impulsar refinanciaciones más ágiles o la introducción de mecanismo que permita a las entidades financieras contar con la posibilidad de tomar control en las compañías evitando su concurso. Además, a partir de ahora, se protegen los intereses de los acreedores mediante un procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación que, sin duda, contribuirán a mitigar la excesiva capacidad de presión existente en no pocos procesos por parte de los acreedores minoritarios y a acelerar los procesos de refinanciación, hoy todavía excesivamente largos.
El Real Decreto trata también de ayudar a acometer otro de los grandes retos del entramado empresarial español: el reducido tamaño de nuestras empresas. Es necesario crear campeones nacionales en numerosos sectores para poder acceder a las economías de escala, obtener mejores condiciones de financiación, etc. En este sentido, la toma el control de las compañías por parte de las entidades puede impulsar que se llegue a acuerdos de concentración empresarial.
Pese a que la nueva legislación va en la dirección correcta, el documento señala la necesidad de una reforma más profunda que ayude a simplificar los procesos de liquidación, es decir, que las compañías que no puedan financiar su actividad una vez en concurso puedan venderse de forma transparente, ágil y rápida. Los expertos también ven indispensable la creación de un colegio profesional de administradores concursales para que se profesionalice su figura, así como que se permita que los acreedores tengan un papel relevante y activo dentro del proceso concursal, con la creación de un comité de acreedores como órgano supervisor de las actuaciones llevadas a cabo por los administradores concursales.
Por último, el documento indica que es necesario que la financiación bancaria tradicional en España vuelva a enfocarse en prestar a las pymes y que se consoliden otras fuentes de financiación alternativas. Un buen ejemplo de ello pueden ser los llamados fondos distress, que durante los últimos años, han aprovechado importantes oportunidades para financiar procesos de reestructuración a cambio de remuneraciones muy elevadas, y en las que las entidades tradicionales deberían plantearse participar. En esta línea, el estudio recomienda que las entidades tradicionales deberían empezar a contemplar las rentabilidades que generan las financiaciones de situaciones distress.
Ver informe completo en PDF: decarga aquí
Ver vídeo de Enrique Bujidos, socio responsable del departamento de Reestructuraciones Financieras de PwC : abrir aquí
