Recordemos que esta norma nació en 2017 como un estándar nacional de buenas prácticas para prevenir delitos, reducir el riesgo y fomentar una cultura empresarial ética y de cumplimiento. Para ello, la norma establecía unos requisitos y facilitaba unas directrices para adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente las políticas de compliance penal y el resto de los elementos de un sistema de gestión de compliance penal en las organizaciones.
La nueva norma, que anula y sustituye la publicada en 2017, no supone un cambio en la esencia y contenido general, pero sí modifica una serie de elementos clave con el objetivo de alinearse al compliance internacional (por ejemplo, UNE-ISO 37301 y UNE-ISO 31000) y a los cambios normativos de estos años.
