Esta obligación se establece en el artículo 279 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC). Los administradores deben presentar en el Registro Mercantil, dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas, los documentos siguientes:
El ICAC tiene competencia sancionadora respecto del incumplimiento de esta obligación. Cada año, los Registros Mercantiles remiten al Instituto un listado de sociedades incumplidoras, y se seleccionan expedientes en función de los recursos disponibles. Prescripción. Las infracciones por no depositar las cuentas prescriben a los tres años.
Existen dos métodos, dependiendo de si la sociedad colabora con el procedimiento:
Se aplica el criterio principal:
Mínimo: 1.200 euros
Se aplica el criterio subsidiario:
Atención. Si el cálculo según el criterio principal arrojase una sanción mayor que la del criterio subsidiario, se aplicará esta última reducida un 10 %, sin poder bajar de los 1.200 euros.
El ICAC contempla bonificaciones si la sociedad muestra voluntad de regularizar su situación:
Ambas reducciones están condicionadas a no presentar recurso ni acción administrativa posterior.
El documento del ICAC aclara varias situaciones habituales utilizadas en alegaciones:
La presentación debe ser calificada por el Registrador. Si hay defectos y no se subsanan en el plazo del asiento de presentación (5 meses), se considera incumplimiento.
Se debe presentar certificación notarial o del órgano de administración justificando la falta de aprobación. Esta debe renovarse cada seis meses para evitar el cierre registral (art. 378.5 RRM).
La sanción recae sobre la sociedad, no sobre las personas físicas.
La obligación persiste mientras la sociedad esté inscrita en el Registro Mercantil.
La personalidad jurídica de la empresa subsiste hasta su extinción formal, con cancelación registral incluida.
El depósito de cuentas forma parte del sistema contable que garantiza:
El incumplimiento puede generar no solo sanciones económicas, sino también riesgos reputacionales y obstaculizar la participación en contratos públicos, obtención de créditos o licitaciones.
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