Hace pocas fechas entró definitivamente en vigor la Ley de Transparencia, cuya teórica finalidad es garantizar el acceso ciudadano a la información relativa a la actividad pública, así como establecer las obligaciones de buen gobierno a cumplir por los responsables políticos. La ley se aplica a todas las administraciones públicas –incluidos ayuntamientos y comunidades autónomas–, lo que supone un paso importante en el camino de acceso a la información que gestionan estos entes públicos. Pero nace en un momento en el que una nueva ola de liberalización y desregulación en el entorno europeo –tanto en lo referente al sector privado como al sector público– puede dejarla en un simple brindis al sol.
En base a la “necesidad” de reducir cargas administrativas, se propone ahora la eliminación de la obligatoriedad de auditar anualmente las cuentas de determinadas empresas, mediante el mecanismo de incrementar los límites de exención actuales. La medida ha sido aprobada ya en el Parlamento británico y se prevé que Francia la adopte en breve.
En España podría existir la tentación de seguir este camino, en función de la aritmética parlamentaria surgida de los próximos comicios generales. No hace falta más que observar el nonato Pacto de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos, entre cuyas medidas económicas se contemplaba el aumento de los umbrales que obligan a las pymes a auditar sus cuentas anualmente, con el argumento de una mejora de su competitividad. De esta manera, se recogía una propuesta presentada por el Círculo de Empresarios el pasado mes de setiembre.
La propuesta consensuada entre los mentados partidos políticos sugería un “nuevo tipo de auditoria abreviada”, algo inexistente en el contexto regulatorio internacional. Una auditoría es una auditoría, y como tal, tiene la finalidad de expresar una opinión sobre si los estados financieros de una empresa u organismo público reflejan fielmente su patrimonio, sus resultados y sus flujos de efectivo. Para ello, el auditor debe acceder a unas evidencias suficientes, que en ningún caso pueden “abreviarse”. Sería algo seme- jante a solicitar a un médico una opinión sobre el estado general de salud de una persona, dejando que tan sólo estudiara algunos órganos aislados.
Según la lógica justificativa de tal medida, la competitividad empresarial y el crecimiento de la economía dependerían de la eliminación de lo que algunos consideran una onerosa carga administrativa. Sin embargo, estudios recientes establecen que el cos- te medio de la auditoría para este tramo de pymes ronda el 0,1% de sus gastos totales. No parece una magnitud capaz de afectar en demasía la competitividad y más bien pone de relieve el fuerte contraste existente entre los postulados de la Ley de Transparencia y el camino que se sigue en la realidad.
La transparencia es una exigencia, a la que se debe dar respuesta a cualquier nivel, político o económico. Máxime cuando se ha convertido en uno de los principales indicadores de la salud democrática de un país.
Tarea pendiente
Las leyes deben ir acompañadas de medidas que las hagan posibles. La realidad nos dice que, pese a la insistencia con la que entidades como la nuestra han venido requiriendo –desde hace más de diez años– la necesidad de la auditoria externa e independiente obligatoria para los entes locales, este precepto se encuentra aún pendiente de regulación, con las consecuencias que desgraciadamente vemos a diario en los medios de comunicación. Una auditoría es lo que es y cualquier abreviatura será un sucedáneo destinado a reducir su precio o –y esto es lo realmente preocupante– ofrecer un placebo capaz de dar aspecto de transparencia a algo que sencillamente la enmascara. Hablamos de hacer pasar como auditoría un producto diferente, que quizá conserve la apariencia pero que adolece de su principal principio activo. En los últimos treinta años, la práctica de la auditoría en las empresas españolas ha comportado una mejora de la calidad de la información económica, el incremento de su fiabilidad y un efecto preventivo de sus riesgos potenciales.
El colectivo de los profesionales dedicados a la auditoría coincidimos en la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas. Somos los primeros en aplicar esta receta en nuestras estructuras profesionales, impulsando y desarrollando estrategias colaborativas que las sitúen en mejor posición. Pero no podemos dejar de denunciar que la aplicación de una medida de estas características supondría que cerca de 20.000 empresas dejarían de auditarse en España, incrementando así su opacidad, con la consiguiente pérdida de fiabilidad y confianza, dos conceptos indispensables para ganar competitividad.
Por lo tanto, transparencia, sí. Pero seamos serios: sin placebos ni sucedáneos.
Articulo de Daniel Faura publicado en Expansión. 20-05-2016
