La futura reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España marca un paso importante hacia la modernización de una norma que, tras más de 30 años en vigor, necesitaba adaptarse a los profundos cambios que ha experimentado el mundo del trabajo. Aunque el texto definitivo aún está en tramitación, ya se vislumbran sus principales líneas de actuación.
Uno de los aspectos más destacados es la ampliación del concepto de riesgo laboral. La nueva normativa no solo mantiene el foco en los riesgos físicos tradicionales, sino que incorpora de forma expresa los riesgos psicosociales como el estrés, la ansiedad o la sobrecarga de trabajo. Además, se da un paso más al reconocer también las dimensiones cognitivas, emocionales y sociales, lo que refleja una visión mucho más completa y realista de la salud en el entorno laboral.
En esta misma línea, la salud mental gana un protagonismo indiscutible. Las empresas deberán evaluar y prevenir estos riesgos de forma sistemática, integrándolos en su gestión diaria. Asimismo, se refuerzan aspectos como la desconexión digital, consolidando el derecho de los trabajadores a no atender comunicaciones fuera de su horario laboral, algo cada vez más a considerar en un entorno hiperconectado.
Otra de las novedades relevantes es la atención a los riesgos emergentes. La futura ley contemplará cuestiones como el impacto del cambio climático, por ejemplo, mediante protocolos frente a temperaturas extremas, así como los desafíos derivados del teletrabajo y la creciente digitalización de las tareas.
En el plano organizativo, también se percibe un endurecimiento de las obligaciones empresariales. Se refuerza la responsabilidad directa de las empresas, exigiendo una gestión preventiva más eficaz y, sobre todo, verificable. Además, se reducen los umbrales para disponer de servicios de prevención propios y se limita la posibilidad de que el empresario asuma personalmente esta función en pequeñas empresas, buscando así una mayor profesionalización.
Por último, la reforma adopta una mirada más inclusiva, teniendo en cuenta factores como la edad, el género o la diversidad generacional, y prestando especial atención a los colectivos más vulnerables.
En definitiva, esta nueva ley no solo actualiza la normativa existente, sino que propone un cambio de enfoque significativo: pasar de una prevención reactiva, centrada principalmente en accidentes físicos, a un modelo integral, anticipativo y alineado con los retos actuales del mundo laboral.
Por Javier Lara, Head of Labour Compliance enUHY Fay & Co
