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El auge de la inversión en “criptomonedas” ha alertado a numerosas autoridades, entre las que se encuentran la CNMV y el Banco de España, que, a través del comunicado, han advertido a los inversores y usuarios de servicios financieros sobre los riesgos asociados a este tipo de activos digitales no regulados.

Antecedentes

En los últimos años ha proliferado en todo el mundo la inversión en “criptomonedas”, entre los que el “bitcoin” es el ejemplo más destacado, que no están respaldadas por las autoridades públicas, pero que se presentan en muchas ocasiones como alternativa al dinero de curso legal.

En los últimos meses este tipo de activos ha experimentado una fuerte volatilidad. Por ejemplo, en el año 2017 su rentabilidad pasó de 850 euros a principios de año, a 16.000 euros a mediados de diciembre. Sin embargo, ahora mismo su precio se sitúa por debajo de los 5.500 euros, lo que implica una caída de más del 65%.

Esta situación ha alertado a las autoridades, que observan en estas fuertes fluctuaciones patrones tendentes a generar una burbuja especulativa. Es por eso que, en aras a proteger al inversor, tanto CNMV como Banco de España, en línea con las advertencias publicadas por ESMA e IOSCO, han recogido de forma genérica los principales riesgos a considerar a la hora de invertir en productos relacionados con este tipo de activos.

Consideraciones para evitar posibles fraudes

En su comunicado, la CNMV y el Banco de España informan de que ninguna emisión de “criptomoneda” ni ninguna ICO ha sido autorizada por ningún organismo supervisor español, lo que implica que su adquisición no puede beneficiarse de las garantías y protecciones relativas a productos financieros o de inversión.

Con la intención de sembrar confianza en un entorno financiero cada vez más complejo, ambas entidades han recogido la información necesaria a tener en cuenta por parte de quienes se plantean invertir en estos activos.

1. Espacio no regulado. Las “criptomonedas” carecen de regulación, de modo que los inversores no se benefician de las protecciones que ofrece tanto la legislación española como la europea, siendo especialmente vulnerables a actuaciones fraudulentas.

2. Carácter transfronterizo. Este tipo de activos se ofrecen a través de internet, lo que les otorga una dimensión global. Sin embargo, ello supone que la resolución de una eventual situación de conflicto se pueda situar fuera del ámbito competencial de las autoridades españolas.

3. Elevado riesgo de pérdida del capital invertido. Debido a que estos productos carecen de un valor intrínseco, la inversión adquiere un carácter puramente especulativo, lo que explica que su valor esté expuesto a fuertes fluctuaciones. Además, al comercializarse en un espacio tecnológico no sujeto a regulación, las cantidades invertidas pueden ser objeto de ataques cibernéticos que supongan la pérdida de la inversión. Estas inversiones en “criptomonedas” no están protegidas por ningún mecanismo similar al que protege el efectivo o las inversiones en valores (Fondo de Garantía de Depósito, FOGAIN).

4. Iliquidez y volatilidad. Dada la inexistencia de un mercado regulado, los inversores pueden verse privados de recuperar la inversión en moneda convencional en el momento que deseen. Además, hay una falta de transparencia en cuanto a las comisiones aplicables y al precio de venta.

5. Información inadecuada. El hecho de que la información que recibe el inversor sea incompleta, junto con el uso de un lenguaje técnico poco claro, impide que el inversor conozca los riesgos asumidos, así como la adecuación de su inversión a su perfil de riesgo.

Pueden encontrar el texto íntegro del comunicado conjunto publicado por la CNMV y el Banco de España haciendo clic aquí.

Además de estas autoridades, muchas otras nacionales e internacionales han publicado advertencias en relación con este asunto. Destacan en este sentido la comunicación publicada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) en noviembre de 2017, disponible aquí, así como un comunicado publicado recientemente por IOSCO que, además, hace referencia a otros comunicados emitidos por múltiples organismos supervisores nacionales.

Carlos Martínez de Aragón

Director en PwC Tax & Legal Services

Javier Egea Canales

Asociado Senior en el sector financiero