Vídeo-entrevista a Ana García Molina, presidenta de la Comisión de Economía y Sostenibilidad del Colegio de Economistas de Cataluña
Incertidumbre. Tiempos confusos. Aunque formalmente el conflicto en Oriente Medio empezó en febrero de este año, el año pasado ya tuvimos una escalada de la llamada “guerra de las centrales nucleares”. Contrariamente a lo que cabría esperar, y a pesar de todo, la inflación, aunque persistente, sigue siendo moderada. El mercado de futuros de los productos energéticos continúa apostando por una resolución rápida del conflicto, lo cual parece ir en contra de la lógica si atendemos a la realidad actual y a sus posibles efectos futuros. Por todo ello, nos ha parecido interesante esta reflexión que realizamos con la economista especializada en estos temas, Ana García Molina, presidenta de la Comisión de Economía y Sostenibilidad del Colegio de Economistas de Catalunya.
Ana García Molina conversa con nuestro socio Valentí Pich sobre la actual situación geopolítica mundial y su impacto en el sector energético. Según explica, se trata de efectos fundamentalmente indirectos —a diferencia de los derivados de la crisis del gas ruso—, ya que se trasladan a través de los precios en los mercados globales de la energía y afectan de forma desigual a los países europeos en función de su dependencia del petróleo.
En el caso de España, la diversificación de proveedores contribuye a mitigar los efectos negativos. A nivel global, sin embargo, la incertidumbre provoca que las previsiones económicas de cara a final de año estén en constante revisión. La volatilidad de los precios de los bienes básicos, el papel de las energías renovables como elemento de mitigación, las medidas adoptadas por las administraciones y la evolución del conflicto en el estrecho de Ormuz —con mayor impacto en Asia— son otros de los aspectos clave abordados en la conversación.
Asimismo, la experta destaca las iniciativas impulsadas a nivel europeo como bloque energético, pese a la diversidad de intereses entre los distintos países: el refuerzo de la reindustrialización y la competitividad, la apuesta por una mayor soberanía energética, la coordinación en materia de reservas y distribución, la colaboración público-privada —esencial ante la limitación de recursos públicos— y la protección de la industria y de los hogares más vulnerables frente a la volatilidad.
En todo caso, advierte que, incluso si se anunciara una resolución inmediata del conflicto, la normalización no sería rápida. La disrupción provocada en las cadenas de suministro y la necesidad de reconstruir infraestructuras harán que la vuelta a la estabilidad requiera tiempo.
