El pasado mes de octubre, la Agencia Tributaria publicó una nota de prensa en la que se informaba de la confección del Plan Estratégico 2019-2022, documento con el que se pretende avanzar hacia un sistema de asistencia integral y en el que se establecen también las líneas de acción con las que se intensificarán la lucha contra el fraude.
Con este documento, la Agencia Tributaria pretende la implantación, en el corto plazo. de un borrador de IVA para contribuyentes de este Impuesto que se encuentren obligados a efectuar presentaciones periódicas a través del SII, y en términos similares a lo que sucede en el ámbito del IRPF, también se implantará un mecanismo de cesión (en cada campaña) de los datos fiscales a los contribuyentes del IS.
Se busca crear las llamadas Administraciones de asistencia Digital Integral (ADI), que formarán parte de la red de atención al contribuyente, pero con dedicación exclusiva a la llevada a cabo por medios electrónicos y telefónicos. Según se indica, esto ha de permitir una mayor unidad de criterio en la aplicación de la norma y la obtención de una mejor atención (mayor horario y sin desplazamientos) por el contribuyente. La prueba piloto está prevista que se realice en Valencia durante el otoño de 2020.
Por último, y en el ámbito recaudatorio, se implementará la realización de pagos mediante un sistema de transferencias realizadas vía teléfono móvil y de pago, mediante el uso de la tarjeta bancaria.
La Agencia Tributaria alude en su documento al fomento de la cooperación cooperativa como pilar básico de su estrategia de prevención, y lo anterior se prevé conseguir mediante el establecimiento de códigos de buenas prácticas, algunos ya existentes como lo resultan ser los de las grandes empresas, asociaciones, colegios profesionales y despachos de asesoría, y otros que tendrán que crearse, en este sentido se citan los de las organizaciones representativas de las pymes y autónomos.
Por otra parte, se indica que la Agencia Tributaria llevará a cabo la publicación de información estadística sectorial (magnitudes económica y tributarias), ya no sólo en el ámbito del IRPF (estadística de rendimientos de actividades económicas), sino que también en el ámbito del IS, con lo que los contribuyentes podrán comprobar si se encuentran alineados con la información declarada en el conjunto de su sector.
En materia de avances en el control tributario se citan diversas medidas cuya implantación se va a extender incluso al ámbito de la recaudación (no sólo se efectuará en el IVA y respecto de grandes patrimonios) como lo resultan ser: a) la aplicación de las herramientas informática que conforman el sistema de análisis, detección y selección de riesgos fiscales desarrollado en los últimos años; b) la aplicación de sistemas de control reforzado para las grandes empresas; c) la implicación en la implantación del sistema impositivo a nivel internacional que permita que las multinacionales tecnológicas paguen impuestos directos en los países en los que tengan una presencia digital significativa y generen valor añadido; d) la lucha contra el fraude fiscal a través de actuaciones presenciales y eliminación del software de doble contabilidad; y, e) la creación en el ámbito aduanero de un sistema centralizado de control de escáneres que permita sistematizar e intensificar la vigilancia, así como de una red de comunicaciones digitales para la zona del Campo de Gibraltar que facilitará la lucha contra el narcotráfico y contrabando.
Se va a medir los resultados de la actuación de la Agencia Tributaria y lo anterior a través del análisis de siete indicadores que entre otras cuestiones pondrán de manifiesto: a) su capacidad para aflorar actividad no declarada y ensanchar bases; b) los efectos recaudatorios generados por la inclusión en los datos fiscales de información de cuentas y rentas en el exterior, de alojamientos turísticos, etc.; c) el efecto inducido de las actuaciones inspectoras (elevación de los ingresos declarados en años posteriores a una inspección -que llega incluso a superar el 25%-); d) su eficiencia, relacionando la evolución de los ingresos presupuestados y el nivel de ingresos gestionados, la deuda recaudada y la deuda gestionable, la conflictividad tributaria y la agilidad de la Administración, y la base de cálculo y el cumplimiento voluntario.
En el plano de funcionamiento interno de la Administración Tributaria, concretamente en relación con la ética y la buena gobernanza que debe presidir toda actuación administrativa, se tiene previsto elaborar un Código de principios y conducta de la Agencia Tributaria, establecer un Protocolo de denuncias de malas praxis, así como crear una Comisión consultiva de ética que ha de servir de ayuda a los funcionarios públicos en la aplicación práctica de los principios contenidos en el Código antes referido.
Finalizamos nuestra llamada de atención respecto del Plan Estratégico de la Agencia Tributaria para 2019-2022 indicando que estamos ante un documento abierto que puede ser modificado en función de las necesidades y prioridades que surjan en el futuro.
Ricard Pérez Miñana Socio de Auren Abogados y Asesores Fiscales
