Elaborado sobre la base de las opiniones emitidas por gestores y directivos de las Administraciones Públicas, este informe realiza un análisis del grado de avance de la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas, así como sobre la información financiera publicada y los sistemas de control en estas organizaciones. Asimismo, aporta la visión de KPMG sobre este proceso de transformación en el que nos encontramos y presenta algunos ejemplos de best practice
Las implicaciones de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno van más allá de un derecho de los ciudadanos a demandar determinada información pública o de un deber de publicidad activa de nuestras administraciones.
En su compromiso hacia la transparencia, las Administraciones Públicas tienen un largo y complejo camino por recorrer, y es recomendable acompañar este proceso con un fuerte cambio cultural, de modo que los valores y principios que rigen el sector público se basen plenamente en aquellos marcados por la nueva Ley para el conjunto de niveles de la Administración.
El camino hacia la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas ha sido elaborado a partir de una encuesta cumplimentada por gestores públicos entre los meses de mayo y septiembre de 2015. El estudio pretende hacer una reflexión no solo del grado de implantación de la Ley en las organizaciones públicas, sino sobre el calado de este proceso de transformación en el que nos vemos inmersos.
En este sentido, el 61% de los encuestados considera que la Ley está cambiando la forma de gestionar las Administraciones Públicas, aunque tres de cada cuatro matizan que el impacto está siendo moderado hasta el momento. Respecto a la información más demandada por los ciudadanos destacan, por este orden, la información económica y presupuestaria, los contratos, los datos sobre subvenciones, aquellos sobre personal y altos cargos y la información de carácter jurídico y normativo.
En relación al buen gobierno en la Administración, casi ocho de cada diez encuestados afirman que su organización dispone de un sistema de control y gestión del presupuesto para prevenir malas prácticas en materia financiera.
