En los últimos años, el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado por la creciente participación de inversores financieros y fondos de capital privado. Este dinamismo ha consolidado estas operaciones como una herramienta estratégica clave para el crecimiento y la generación de valor.
Sin embargo, junto a esta evolución, se ha intensificado una realidad menos visible: el aumento de conflictos tras el cierre. Muchas controversias no surgen durante la negociación, sino una vez ejecutada la compraventa, cuando se materializan riesgos que no fueron correctamente identificados o reflejados en el contrato.
En este contexto, el diseño jurídico de la operación resulta determinante. No se trata solo de cerrar la transacción, sino de asegurar que el equilibrio económico pactado se mantenga en el tiempo. La anticipación de riesgos y su adecuada asignación contractual es, en la práctica, el principal mecanismo para evitar conflictos que erosionen el valor de la inversión.
El precio como mecanismo de reparto de riesgos en operaciones de M&A
En las operaciones de M&A actuales, el precio ha dejado de ser una cifra fija para convertirse en una herramienta sofisticada de asignación de riesgos entre comprador y vendedor. La volatilidad de los resultados y la incertidumbre sobre la evolución del negocio han impulsado la utilización de mecanismos de ajuste que permiten adaptar el precio a la realidad económica de la compañía.
Entre los más habituales se encuentran los ajustes por deuda neta o por capital circulante, que buscan reflejar con precisión la situación financiera en el momento del cierre. También destaca el modelo “locked box”, que fija un precio cerrado en una fecha de referencia anterior, trasladando al comprador el riesgo de desviaciones posteriores, y el earn-out, que vincula parte del precio al cumplimiento de objetivos futuros.
Este último mecanismo resulta especialmente útil cuando existe incertidumbre sobre el rendimiento del negocio, pero también es una de las principales fuentes de conflicto si no se regula con precisión.
La experiencia demuestra que los problemas no derivan del mecanismo en sí, sino de su falta de definición del mecanismo aplicar inter-partes. Cuando los criterios no son claros, el precio deja de ser un elemento de cierre para convertirse en el origen de la disputa
Declaraciones, garantías e indemnidades: la arquitectura de la protección en M&A
El precio pactado en una operación no puede analizarse de forma aislada. Está directamente vinculado al sistema de protección contractual que articula la asignación de riesgos entre las partes.
Las manifestaciones y garantías permiten al comprador confiar en que la realidad del negocio se corresponde con la información recibida. Su alcance y profundidad condicionan el nivel de protección: cuanto más limitadas sean, mayor será el riesgo asumido por el comprador y, en consecuencia, mayor será la presión sobre el precio.
Junto a ellas, las indemnidades específicas permiten aislar riesgos concretos previamente identificados evitando que estos queden diluidos en el régimen general. Su correcta definición resulta esencial, ya que una redacción imprecisa puede generar el mismo nivel de incertidumbre que pretende evitar.
Por su parte, lo establecido en las manifestaciones y garantías han adquirido un papel relevante al permitir trasladar el riesgo a una aseguradora con contratación de un seguro ad hoc. Sin embargo, su eficacia depende de la coherencia entre póliza y contrato, así como de una correcta comprensión de sus límites y exclusiones.
Cuando no existe alineación entre la due diligence, el contrato y el precio, surgen zonas grises que incrementan significativamente la probabilidad de reclamaciones.
Resolución de conflictos en M&A: arbitraje o jurisdicción
Cuando el conflicto no puede resolverse de forma amistosa, el contrato debe prever el mecanismo de resolución aplicable. La elección entre arbitraje y jurisdicción ordinaria no es una cuestión secundaria, sino una decisión estratégica que influye directamente en los tiempos, costes y grado de especialización en la resolución del conflicto.
El arbitraje ofrece especialización, confidencialidad y agilidad, especialmente en operaciones complejas o internacionales. La jurisdicción ordinaria, por su parte, aporta mayor previsibilidad, aunque con procedimientos más largos.
Cada vez es más habitual, además, incorporar mecanismos previos como la negociación estructurada o la mediación, que permiten resolver discrepancias sin necesidad de activar procesos formales más costosos.
Anticipar conflictos en M&A es proteger la inversión
En este contexto, el asesoramiento especializado adquiere un valor claramente diferencial. La correcta estructuración de una operación de M&A no depende únicamente del conocimiento jurídico, sino de la capacidad de integrar visión legal, financiera y de negocio en un mismo análisis.
Desde Kreston, abordamos cada transacción desde un enfoque multidisciplinar, anticipando riesgos antes de que se materialicen y diseñando estructuras contractuales que no solo faciliten el cierre, sino que protejan el equilibrio económico de la operación a largo plazo. Esta aproximación permite tomar decisiones con mayor seguridad, optimizar el valor de sus transacciones y reducir significativamente la probabilidad de conflictos futuros, convirtiendo el asesoramiento legal en una auténtica herramienta estratégica de creación y preservación de valor.
