La inflación se sitúa en muchos países en cotas que no se veían desde hace décadas. Ante esta situación, la política monetaria está moviendo ficha y los bancos centrales han subido los tipos de interés, con el consecuente efecto sobre la actividad económica general, que se ve ralentizada. Al mismo tiempo, los rendimientos de la deuda pública a largo plazo han aumentado con fuerza y muchas empresas han acusado los efectos de una inflación desorbitada de los precios de las materias primas y los costes laborales (y, en algunos casos, una cotización bursátil sustancialmente inferior). Todos estos factores son indicativos de un posible deterioro del valor si se espera que ejerzan (o ya han ejercido) un efecto adverso significativo.
Ante este escenario es probable que existan indicadores de deterioro del valor. En ese caso, aquellas empresas que utilicen el modelo de flujo de efectivo descontado (discounted cash flow o DCF) para estimar el importe recuperable de sus activos o unidades generadoras de efectivo (UGE) deberían plantearse cómo reflejar el efecto de la subida de la inflación y los tipos de interés. Los efectos podrían ser considerables, por ejemplo, en datos clave para el modelo, como los ingresos, la rentabilidad y la tasa de descuento previstos. Estos efectos podrían ser un área de atención primordial para los reguladores. Nos centramos a continuación, en algunos de los puntos clave que debe considerar la dirección financiera en esta coyuntura.
En contextos de inflación reducida, las valoraciones se expresan a menudo en términos nominales, es decir, los flujos de efectivo y la tasa de descuento incluyen el efecto de la inflación. En cambio, en entornos de inflación elevada e inestable (p. ej., en economías hiperinflacionarias), las valoraciones pueden expresarse en términos reales, es decir, los flujos de efectivo y la tasa de descuento excluyen el efecto de la inflación. El resultado del valor debería ser el mismo tanto si la valoración se expresa en términos reales como nominales.
Independientemente del método utilizado, los flujos de efectivo y la tasa de descuento aplicada a estos deben determinarse de forma coherente. Si los flujos de efectivo incluyen los efectos de la inflación general, la tasa de descuento también deberá hacerlo, y viceversa.
Cuando se prepara el DCF en términos nominales, un buen punto de partida es tener en cuenta el efecto de la inflación en los costes laborales, de materiales y de servicios estimados para el futuro durante el periodo de previsión (normalmente, los cinco años siguientes). Los costes de los materiales y las materias primas (incluido el precio de la energía) han aumentado de forma sustancial debido a los problemas en la cadena de suministro y las sanciones impuestas a Rusia en el marco del conflicto del país con Ucrania. Todo apunta a que muchos de los efectos de estos factores persistirán, al menos a corto plazo.
El nivel previsto de variaciones en los costes de materiales y servicios en el periodo de previsión pueden diferir en gran medida del nivel general de inflación de la economía general. Utilizar parámetros de inflación como el IPC (índide de precios al consumo) y el IPP (Índice de precios a la producción) para estimar la variación en los costes futuros podría no resultar apropiado.
En entornos inflacionistas, las empresas suelen intentar subir precios para compensar los aumentos de los costes de producción. No obstante, la capacidad de una empresa para repercutir el incremento de los costes y mantener sus márgenes de beneficio suele ser limitada y depende de la naturaleza de sus productos (o servicios) y su posición competitiva. A las empresas que no disponen de capacidad de fijación de precios les puede resultar complicado mantener sus márgenes de beneficio a lo largo del tiempo cuando la inflación es elevada. Además, los consumidores pueden cambiar sus hábitos de consumo cuando su renta disponible se erosiona debido a la inflación y, por ejemplo, optar por productos más asequibles o reducir directamente su gasto.
En entornos inflacionistas, no puede asumirse que la inversión de una empresa para mantener el inmovilizado material será igual a su gasto por amortización; de hecho, lo superará si la empresa mantiene sus activos en términos reales. Esto se debe a que la inversión en inmovilizado se basa en los precios actuales y futuros del inmovilizado material, mientras que el gasto por amortización se basa en el precio histórico.
Efecto en la tasa de crecimiento a largo plazo
La tasa de crecimiento a largo plazo constituye un dato clave para el cálculo del DCF. Se utiliza para calcular el valor terminal, es decir, el valor de un activo o una UGE más allá del periodo de previsión. La tasa de crecimiento a largo plazo abarca lo siguiente:
Distinguir entre el crecimiento real y el crecimiento inflacionista es importante a la hora de efectuar previsiones sobre los flujos de efectivo futuros. Esto se debe a que el crecimiento real requiere una inversión expansionista en el negocio, mientras que el crecimiento inflacionista no requiere que se invierta efectivo más allá del nivel necesario para mantener los activos de la empresa en términos reales.
A la hora de calcular el valor en uso, la NIC 36 Deterioro del valor de los activos exige a las empresas utilizar una tasa de crecimiento a largo plazo estable o decreciente que sea coherente con la del producto, sector o país, salvo que existan pruebas claras que indiquen otra base. Cuando se calcula el valor razonable menos los costes de enajenación, la tasa de crecimiento a largo plazo debería reflejar la tasa que los participantes del mercado utilizarían a la hora de llevar a cabo la valoración.
Los cálculos del DCF suelen ser muy sensibles incluso a cambios mínimos en la tasa de descuento. El incremento de los tipos de interés a largo plazo en 2022 podría haber reducido de forma significativa el importe recuperable de los activos (p. ej., inmobiliarios) o UGE, a no ser que las proyecciones de flujos de efectivo se hayan ajustado al alza.
En este sentido, las empresas suelen utilizar la fórmula del CMPC (Coste medio ponderado del capital) como punto de partida para calcular la tasa de descuento apropiada a la hora de determinar el valor de empresa. Esta fórmula es una media ponderada del coste de la deuda y el capital, que se ven afectados por las variaciones en el tipo sin riesgo.
Normalmente, el tipo sin riesgo se deriva del rendimiento de la deuda pública denominada en la misma moneda y presenta una duración equivalente o similar a la de los flujos de efectivo del activo o la UGE. Esto implica que las empresas suelen tener que considerar la deuda pública a 10, 20 o 30 años, y los rendimientos de estos bonos han aumentado con fuerza en 2022.
La NIC 36 requiere el desglose de las hipótesis claves utilizadas para determinar el importe recuperable a la hora de comprobar el deterioro de valor del fondo de comercio y los activos intangibles con vida útil indefinida. Asimismo, exige el desglose de la sensibilidad si un cambio razonablemente posible en una hipótesis clave provocaría que el valor contable de una UGE supere su importe recuperable. Normalmente, el cálculo del DCF es sensible a las pequeñas variaciones en la tasa de crecimiento a largo plazo y en la tasa de descuento.
En contextos de mayor incertidumbre económica, las empresas podrían tener que ampliar los desgloses de información en los estados financieros. En virtud de la NIC 1 Presentación de los estados financieros, una empresa debe desglosar sus hipótesis claves sobre el futuro y otras fuentes principales de incertidumbre en las estimaciones si presenta un riesgo significativo de que esto derive en un ajuste sustancial de los valores contables del activo y pasivo en el siguiente ejercicio financiero.
Es probable que la información relativa a las comprobaciones de deterioro del valor de los activos no corrientes sea un área de atención para los reguladores. Por ejemplo, en sus prioridades de ejecución para 2022, el regulador de mercados europeo, la AEVM (Autoridad Europea de Valores y Mercados), (ESMA en sus siglas en inglés) insta a las empresas a tener en cuenta los efectos del entorno económico vigente (incluidos los efectos del aumento de los tipos de interés y la inflación) y las incertidumbres relacionadas, así como a presentar información relevante.
El regulador europeo espera que las empresas expuestas a una elevada volatilidad en los precios de las materias primas presenten información detallada sobre cómo incorporan esta situación en sus hipótesis claves (p. ej., sus proyecciones de flujos de efectivo, los valores terminales y las tasas de crecimiento), tanto para sus costes de producción como para su capacidad de repercutir el alza de los costes a los clientes. El ESMA espera que las empresas expliquen el efecto de la subida de los tipos de interés en sus comprobaciones de deterioro del valor de los activos y tengan en cuenta los ajustes al conjunto de posibles cambios razonables en las hipótesis en su análisis de sensibilidad.
Las empresas que preparan estados financieros intermedios también deben plantearse si actualizar la información presentada en virtud de la NIC 36 en sus estados financieros anuales más recientes.