El sector no lucrativo ha experimentado un importante crecimiento desde el inicio del S.XIX como consecuencia del crecimiento económico y del incremento de la financiación de las administraciones públicas y de la sociedad civil en general. Las entidades que conforman el sector no lucrativo están compuestas, principalmente, por fundaciones estatales y/o autonómicas, así como asociaciones declaradas de interés público, y se han convertido en piezas fundamentales en el desarrollo social y cultural de la sociedad en general. Resulta cada vez más evidente el número de entidades existentes; el número de personas que trabajan en las mismas incluyendo los voluntarios; el volumen de proyectos gestionados, así como el número de personas beneficiarias de su labor social.
Para llevar a cabo toda su función social, las ESFL encuentran como principal obstáculo la captación de recursos financieros, que se basan, fundamentalmente, en fondos obtenidos de su base social (cuotas de socios) y ayudas públicas (subvenciones). Por ello, resulta de vital importancia el mantenimiento de un nivel de confianza y de credibilidad en sus grupos de interés: usuarios, donantes, socios, voluntarios, otras entidades, sociedad en general… Por tanto, la confianza y la credibilidad se tornan fundamentales como garantía de su misión y la continuidad de su actividad. En este contexto, estas entidades deben dar una respuesta a las necesidades de información de sus partes interesadas. La respuesta se obtiene a través de la transparencia y la rendición de cuentas.
Una desinformación o un uso inadecuado de los fondos y actividades puede suponer un menoscabo de la ESFL y suponen un coste reputacional que puede poner en peligro su propia existencia, así como causar un grave perjuicio en el resto del sector.
Estudios especializados afirman que, cada vez más, las ESFL integran en su funcionamiento altos grados de transparencia y buenas prácticas, ejerciendo así una fuerza tractora hacia el resto del sector, lo que conlleva a alcanzar mayores grados de transparencia. Para ello, estas entidades han de incorporar en su funcionamiento principios de transparencia como son: funcionamiento y regulación del órgano de gobierno, claridad y publicidad del fin social, planificación y seguimiento de la actividad, comunicación e imagen fiel en la información, transparencia en la financiación, pluralidad en la financiación, control en la utilización de fondos, presentación de cuentas anuales y cumplimiento de las obligaciones legales y principio de promoción del voluntariado.
En este contexto, el informe de auditoría y la actividad de auditora constituyen una de las principales herramientas para proporcionar confianza y credibilidad a los grupos de interés. La auditoría permite determinar si las cuentas anuales de la entidad reflejan su imagen fiel de acuerdo con el Marco de Información de las Entidades Sin Fines de Lucro, que recoge la adaptación sectorial del Plan General Contable, siempre que este les resulte de aplicación.
El marco de información financiera que aplica a las ESFL supone que las mismas tienen que reportar información que contribuye a incrementar el principio de transparencia en la financiación, el principio de pluralidad en la financiación, así como realizar un seguimiento de cada una de sus diferentes actividades, los fondos destinados a las mismas, el número de beneficiarios, determinar el grado de realización de las actividades, evaluar una posible duda sobre la entidad en funcionamiento, identificar las redes de vinculación y las transacciones realizadas con las mismas y mejorar el proceso de comunicación con los responsables de gobierno de la entidad.
A pesar de las indudables ventajas que aporta la auditoría a las ESFL, ésta solamente tiene carácter obligatorio en aquellas fundaciones o entidades no lucrativas cuando cumplen dos de los tres límites durante dos ejercicios consecutivos: total activos superiores a 2.400.000 euros; importe neto de volumen de ingresos por la actividad superior a 2.400.000 euros; número de trabajadores superior a 50, o en aquellas ESFL que reciban subvenciones o ayudas por un importe acumulado de 600.000 euros.
Estos límites dejan fuera del carácter obligatorio de la auditoria a un número muy elevado de entidades, por ello cada vez con más frecuencia los órganos de gobierno de las ESFL deciden someter a auditoria voluntaria sus cuentas anuales, contribuyendo de esta forma a alcanzar en un solo proceso los principales indicadores de transparencia del sector, así como a mejorar de manera notable otros índices de transparencia. Así, a través de la auditoria obligatoria y/o voluntaria, las ESFL aportarán un alto grado de confianza y credibilidad a sus grupos de interés e incrementan de forma exponencial sus principios de transparencia y buenas prácticas.
Concepcion Vilaboa Martínez, Socia de auditoria en Auren
