El presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), Antoni Gómez, ha advertido que la “escasa auditoría externa” practicada en las cuentas de los ayuntamientos españoles “penaliza el control” en lo relativo a la gestión y asignación “con criterios de eficiencia” de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Asimismo, ha lamentado que la regulación española de estos fondos –vía Real Decreto Ley 36/2020, de medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación– contemple “de un modo excesivamente ambiguo” la colaboración público-privada en lo que concierne a la auditoria y el control de la ejecución de los 140.000 millones de euros que recibirá España.
Así se ha expresado esta semana en la 12ª Jornada de Auditoría del Sector Público (‘La adaptación de la gestión y el control en el entorno Covid’), organizada por el CCJCC y que han seguido, por vía telemática, cerca de 200 profesionales del sector auditor y representantes de las administraciones autonómicas y estatales.
Cabe señalar que el desembolso de los recursos económicos por parte de la UE podría desbloquearse tras la resolución de ayer miércoles del Tribunal Constitucional alemán ante un recurso presentado por un grupo de ciudadanos alemanes euroescépticos, lo que habilita el proceso de ratificación de la Decisión de Recursos Propios que sustenta la emisión de deuda que financiará el fondo de recuperación.
Cuentas municipales poco transparentes…
El ámbito municipal español ha reclamado su participación en la gestión directa de un 14% (esto es, 20.000 millones de euros) del monto total de Next Generation asignado al país. Es esencial tanto para el uso adecuado de los recursos como para dar transparencia y confianza a la ciudadanía en esta materia, que los proyectos financiados con estos fondos sean sometidos a una auditoría externa regular.
En tal contexto, Gómez ha manifestado que “el nivel de cumplimiento con las obligaciones de transparencia de las cuentas municipales es muy inferior al del sector privado” en España, para añadir que ello es así “a pesar de ser fácilmente identificable el legítimo interés público respecto del uso que se da a los recursos y de la situación y sostenibilidad de las finanzas públicas”. “Las obligaciones son mucho más laxas para el sector público que para el sector privado, y su nivel de cumplimiento mucho menos extenso, siendo escasos, además, los ayuntamientos que someten sus cuentas a auditoria externa”, ha concluido.
…y control de los fondos UE
El presidente del CCJJ se ha preguntado “qué ocurrirá con la auditoría de la ingente cantidad de fondos europeos que se prevé recibir en los próximos años”, ante lo que aboga por “garantizar” tanto la asignación como la auditoría posterior de estos recursos mediante la “práctica de la auditoría externa por parte de profesionales del sector”.
En su turno de palabra el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha afirmado que la ingente cantidad de recursos públicos movilizados para hacer frente a la pandemia del Covi-19 requiere una “información fiable” que permita saber “cuánto nos ha costado la crisis económica” y “en qué se ha gastado un dinero” que “es limitado y que pagamos entre todos”. Para ello, se necesita “información fiable” que, en su opinión, “solo puede provenir del colectivo de la auditoría de cuentas”.
Fiscalización de contratos de la Generalitat en pandemia por 830 millones
Por su parte, el Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, ha puesto en valor el control que este órgano de fiscalización externo está ejerciendo –en colaboración con la Intervención General autonómica– sobre el conjunto de contratos vinculados a la Generalitat de Catalunya en el marco del estado de emergencia con un valor agregado superior a los 830 millones de euros. Una labor de fiscalización en cuanto a contratos y subvenciones en el marco de la pandemia que, ha indicado, también se está realizando en los niveles municipal y supramunicipal y en el ámbito de la salud.
Las sesiones temáticas contenidas en la 12ª del Sector Público del Col·legi han sido: ‘Los retos tecnológicos de la gestión del sector público’; ‘La adaptación de los procedimientos de control y auditoría’; ‘La adaptación de la gestión en el entorno pandémico’ y ‘Los fondos europeos de recuperación económica y su control’.
Ha cerrado la sesión Marina Espinosa de Castro (coordinadora de Estrategia Corporativa y Concertación Local de la Diputación de Barcelona) y Mª Concepción Ordiz (abogada del Estado en excedencia).
La misión del Col·legi es velar porque la actividad profesional del auditor se adecue a los intereses de los ciudadanos, representar la profesión en todos los ámbitos relacionados con el entorno económico y financiero, defender los intereses de los colegiados, regular en el marco de las leyes y vigilar el ejercicio de la profesión de censor jurado de cuentas, así como facilitar la formación profesional del auditor y velar por el cumplimiento de la calidad de los trabajos. En la actualidad el Col·legi está integrado por 1.500 profesionales pertenecientes a más de 200 firmas del sector. El presidente actual es Antoni Gómez.
