El sector fundacional en España se muestra razonablemente optimista en virtud de los datos e indicadores macroeconómicos. Nuestros representantes políticos nos intentan convencer día a día de que lo peor ya ha pasado y de que existen señales evidentes de recuperación económica. Nos indican que se está empezando a crecer, a crear empleo y a reducir el déficit. Las empresas españolas disponen de una mayor liquidez, el acceso al crédito se ha facilitado y los términos para obtener financiación también son más favorables, por lo tanto, cuentan con unas perspectivas mucho mejores que las de hace unos años.
Complementariamente, la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, incorpora interesantes novedades que modifican el Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos del Mecenazgo, incrementando los tipos de deducciones aplicables a los donativos realizados por las personas físicas o jurídicas a fundaciones acogidas al régimen fiscal especial, lo cual, hace esperar que se activará el proceso de aportaciones y donaciones.
En este escenario, muchas fundaciones pondrán a prueba su capacidad para captar fondos externos y tendrán nuevas oportunidades para obtener financiación. Sin embargo, se encontrarán con un obstáculo lleno de sensatez, los financiadores exigirán transparencia en la gestión mediante la obtención del informe de auditoría o el establecimiento de códigos o prácticas de buen gobierno. Este procedimiento se ha convertido en un requisito habitualmente exigido por los financiadores, quienes a su vez son los principales promotores de este tipo de buenas prácticas.
No existe en España una actitud generosa a la hora de ofrecer información corporativa y nuestros directivos no se han detenido a considerar las ventajas derivadas de una política más abierta.
La transparencia en cualquier tipo de entidad genera una atmósfera de seguridad, representa un compromiso por parte de los administradores y proporciona elementos preventivos ante casos de corrupción. Podemos orientar esta reflexión en otro sentido o haciéndonos unas preguntas muy sencillas, ¿tenemos algo que ocultar?, o ¿disponemos de algún tipo de información que no convenga que manejen otras personas? En muchos casos la respuesta será que no y siendo así, lo más probable es que exista una cierta dejadez por parte de quienes tienen que tomar decisiones corporativas.
No debería suponer un esfuerzo especial que los resultados de las evaluaciones practicadas o de los informes de profesionales externos que se hayan podido emitir, se encuentren disponibles gratuitamente en la correspondiente página web para facilitar el acceso a quien pudiera estar interesado en consultar determinada información.
Existen algunas entidades cuyo propósito está orientado a fomentar esta cultura, entre ellas destaca la Fundación Lealtad, cuya misión es fomentar la confianza de la sociedad española en las ONG para lograr un incremento de las donaciones. Esta fundación, ha establecido unos principios de transparencia y buenas prácticas basados en unas recomendaciones para que a través de unos indicadores, se dé respuesta a las demandas de información de los financiadores públicos o privados, que tengan intención de aportar fondos a sus actividades.
En los últimos tiempos, la sociedad española está muy sensibilizada con los fraudes y los escándalos financieros, y por lo tanto demanda una mayor transparencia en la gestión de entidades privadas que perciban fondos públicos. El sector fundacional debe estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos, tanto las entidades que gestionan su propio patrimonio como las que perciben ayudas de las administraciones públicas, que seguramente agradecerán que se les ofrezca información relativa a:
En definitiva, seamos generosos con la información corporativa y seguro que facilitamos la decisión final de nuestros financiadores potenciales.
Carlos del Corral
