Auditoría & Co

Empresa privada, sí; administración pública, esperemos que también.

Todo el sector de la auditoría en general trabaja ya para adaptarse lo antes posible a los nuevos retos que significan, por un lado, el desarrollo y la implementación de las nuevas tecnologías y, por otro, las regulaciones específicas por todo tipo de entidades: cotizadas y no cotizadas, grandes, pequeñas y medianas.

A caballo de la conectividad global, la inteligencia artificial y los nuevos medios de producción de la información y la comunicación, nos preparamos para el acceso a los datos de la gestión económica de las empresas en tiempo real y a su análisis inmediato o permanente.

Hablamos de la auditoría permanente: todo sea para la mayor transparencia de la gestión de las empresas, de las compañías… pero ¿y de la transparencia y del control de las cuentas públicas, de las cuentas de las administraciones públicas?

Según el reciente informe “sobre la auditoría del sector público en España” que ha realizado el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE): “La información económico-financiera (las cuentas) de las Administraciones Públicas está relativamente controlada en el ámbito estatal y se encuentra en peor situación en el entorno autonómico y en mala situación en términos generales en el entorno local”

La información sobre “las cuentas” de las administraciones en ocasiones “ni siquiera se rinde, es insuficiente, se obtiene con mucho retraso, es dispersa, y no comparable en las Administraciones Autonómicas y Locales, debido en buena medida a la diversidad en la regulación”

Tanto es así que el 90% del gasto que realiza el conjunto de los ayuntamientos españoles no llega a auditarse…

También y como dato significativo, los resultados de la supervisión se publican con un retraso mínimo de dos años en las administraciones locales…

Curioso el dato de que la petición de colaboración realizada por el ICJCE para la elaboración del informe “sobre la auditoría del sector público” y que fue requerida a 143 municipios de más de 50.000 habitantes solo fue contestada por 54 de ellos…

¿No va siendo hora ya de que la transparencia del sector privado contagie al sector público?

Parece que ha llegado el momento: se acaba de producir un decidido impulso en el control interno de nuestros municipios mediante la aprobación del Real Decreto 424/2017 que define el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local. Entre otras medidas, posibilita de manera decidida la participación del sector privado de la auditoría como colaborador en la fiscalización de la actividad del sector público local.

Hasta ahora, la regulación en el sector público local centraba sus esfuerzos en la función interventora, esto es, un control de naturaleza previa o preventiva a la aprobación del gasto, permitiendo situaciones en las que gran parte del gasto público no fuera objeto de auditoría posterior y con una clara reserva de actuación y responsabilidad del órgano interventor en cualquier trabajo de fiscalización.

La actual formulación se asemeja a la estructura de control establecida para el sector público estatal que pivota en el ejercicio de la función interventora con una apuesta decidida por el control financiero –control financiero permanente y auditoría pública-. Con estos dos instrumentos se pretende el control efectivo de, al menos el ochenta por ciento del presupuesto general consolidado del ejercicio para alcanzar el cien por cien en el trascurso de tres ejercicios consecutivos en base a un análisis previo de riesgos.

Con este Real Decreto, confiamos en que se produzca definitivamente una mejora en el rendimiento de las cuentas públicas municipales y que se dote así de transparencia a la administración pública local, en un cambio de paradigma donde la figura del auditor será fundamental.

Mercè Martí