Se acerca el 26 de junio. Y entre las demandas de los españoles a los dirigentes políticos es muy probable que figuren más que nunca dos: la transparencia y el buen gobierno, los principios básicos que deben guiar la gestión pública, tan cuestionada en estos tiempos ante la multitud de casos de corrupción. Para conseguir estos objetivos, el Ejecutivo aprobó en 2013 la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que, según el 61% de los representantes encuestados por KPMG, está cambiando la forma de gestionar las Administraciones Públicas, aunque tres de cada cuatro matizan que el impacto está siendo moderado hasta el momento. La rendición de cuentas es, para un 30%, el área donde más se podrá percibir este cambio.
Esta es una de conclusiones del informe “El camino hacia la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas”, elaborado a partir de un cuestionario a más de 60 gestores públicos entre mayo y septiembre de 2015, con el que KPMG en España ha querido evaluar el grado de avance de la mencionada Ley, así como la información financiera publicada y los sistemas de control en estas organizaciones. “El fin es generar un compromiso en nuestros gestores públicos y la ciudadanía para avanzar juntos en este proceso que nos lleve a una Administración Pública más transparente, eficiente y responsable”, asegura Cándido Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España.
Nueve de cada diez participantes consideran que en los organismos en los que trabajan existe una sensibilidad creciente en cuanto a transparencia y buen gobierno. Y entre los valores predominantes en la cultura de trabajo de las Administraciones Públicas destacan, por este orden, la eficacia, la calidad, el compromiso, la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia, aunque el 27% manifiesta que la imparcialidad –otro de los principios que establece la Ley- es un valor poco o nada predominante dentro de su organización.
Sobre el grado de implantación de la Ley de Transparencia, ocho de cada diez gestores aseguran que en su entidad pública sí se están tomando algún tipo de medidas a raíz de la entrada en vigor de la Ley. De ellos, un 30% destaca que se está realizando a través de la modificación de los procesos internos y un 23% mediante la modificación de herramientas o sistemas de gestión. Sin embargo, el 11% de los encuestados afirma que en su organismo no ha habido cambios tras la aprobación de la norma por dos motivos: la escasa repercusión práctica que tienen estas medidas (33%) y la falta de instrucciones y criterios para su implantación (22%).
Además, nueve de cada diez empleados públicos manifiestan que la puesta en práctica de esta norma no está siendo homogénea. Varía, dicen, en función del tamaño o del tipo de administración (estatal, autonómica o local).
Fuente: Informe El camino hacia la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas, elaborado por KPMG.
Presupuestos, contratos y subvenciones, la información más demandada
La norma incluye el concepto de publicidad activa, es decir, la obligación que tienen las Administraciones Públicas de publicar información sin esperar a que se produzca una solicitud específica. Los datos sobre presupuestos, contratos, subvenciones, personal y altos cargos (sobre todo, trayectoria y retribuciones), así como leyes, decretos y edictos son, por este orden, los más demandados por los ciudadanos, según las respuestas de los entrevistados.
Sobre la información relativa al coste de los servicios, una mayoría de tres cuartos opina que no es homogénea. Y casi siete de cada diez indican que el procedimiento actual de liquidación presupuestaria y rendición de cuentas en España no es el adecuado para que los ciudadanos entiendan cuál ha sido la actividad financiera del sector público. Sobre este aspecto Cándido Pérez Serrano opina que “la información de gestión y la económico-financiera deben ser homogéneas y comparables para facilitar a los ciudadanos la toma de decisiones o la formación de una opinión sobre la calidad y las diferentes alternativas respecto a la gestión de los servicios públicos”.
Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Ley, cree que “el que nuestros ciudadanos puedan fiscalizar la actividad pública traerá como consecuencia grandes ventajas. Permitirá la regeneración democrática y contribuirá al buen hacer de nuestras instituciones, consiguiendo un estado de confianza, en ocasiones perdida, y tan importante para el progreso y la convivencia”.
Otro de los apartados fundamentales de la Ley es el buen gobierno en la Administración, entendido como la exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública. Sobre este aspecto, casi ocho de cada diez encuestados aseveran que su organización dispone de un sistema de control y gestión del presupuesto para prevenir malas prácticas en materia financiera. La mejora de los procedimientos de control y las auditorías externas de control son para un 50% y un 45%, respectivamente, las herramientas más útiles. En materia de corrupción, un 35% revela que no existen suficientes mecanismos de control que ayuden a prevenir, detectar y/o dar respuesta a situaciones irregulares o ilícitas, frente a un 62% que responde afirmativamente, datos que demuestran que aún se debe seguir trabajando en este aspecto.
El camino está trazado. Los ciudadanos reclaman más información, una buena gestión y mayor participación en los asuntos públicos. Lo quiso transmitir Norman Foster cuando construyó la cúpula de cristal del Parlamento alemán en la que los visitantes se asoman y ven a los representantes elegidos en la sala de plenos. Como dijo Bobbio: “La gestión de lo público, en público”.
