José María Puente, socio de Morison ACPM y responsable del área laboral de PIMEC, ha participado en el programa Duros a 4 pessetes de COPE Catalunya para reflexionar sobre la actual situación de muchas empresas que se encuentran en un proceso de ERTE y que aún no saben si lo podrán prorrogar.
Puente ha destacado las dos partes diferenciadas que suponen los ERTE: por un lado, que no se sabe si se acabarán o se alargarán y, por otro, que tampoco está claro que el SEPE sea capaz de asumir la caótica política de pago que está llevando a cabo. “Es imprescindible que SEPE abra un canal de comunicación con los asesores para que, de forma conjunta, podamos solucionar el problema y que los trabajadores puedan cobrar sus prestaciones. Pero la actitud del SEPE, que se mantiene hermético y cerrado, está provocando que los empleados afectados desconfíen ya que muchos no han cobrado nada desde marzo”, afirma.
Según José María Puente, el problema ha sido que el SEPE no estaba preparado a nivel informático para asumir el aluvión de solicitudes. “Esto ha provocado que el trabajador, en vez de ver el ERTE como una solución para no perder su empleo y que la empresa pueda mantenerse en tiempos complicados, lo ve con desconfianza porque no está cobrando las prestaciones acordadas”.
En cuanto a la posibilidad de alargar los ERTE, José María Puente explica que el problema principal es que las leyes promulgadas durante el estado de alarma no son claras. “El artículo 1 de La ley 18/20 establecía que los ERTE por fuerza mayor tendrían una duración que no podía superar el 30 de junio. En cambio, la disposición adicional 1ª y 2ª de la misma ley establece que el Gobierno puede prorrogarlo y que se creará una comisión tripartita para estudiar cada sector, determinar si se mantienen las causas que han provocado la solicitud de ERTE y que se puede llegar a prorrogar. Esto crea una incerteza absoluta en las empresas que no saben cuál será su situación después del 30 de junio”.
Ante esta incertidumbre, Puente afirma que “es una situación inadmisible. Las empresas deben poder programar sus costes y su evolución. Durante estos meses muchas empresas han sufrido una bajada importante de su facturación que ronda el 80% pero también han tenido un descenso de costes salariales y sociales, lo que ha permitido a muchas empresas poderse mantener. Pero si a estas empresas les entran de repente el 1 de julio todos los costes empresariales no lo podrán asumir y esto provocará un cierre de empresas que no se recuperarán. El Gobierno debe darse cuenta que la desescalada económica no es igual que la sanitaria y que se requiere más tiempo para que las empresas puedan recuperar la facturación y a los empleados, si no, se obligará a cierres y despidos masivos”.
Para finalizar, José María Puente ha apuntado que “ahora las empresas necesitan seguridad y no más incertidumbre, por lo que tampoco es el momento de hablar de la reforma laboral o de cambios importantes en la legislación”.
