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En los últimos tiempos la correcta gestión de los riesgos se ha convertido en un punto imprescindible a incluir en la agenda de los Consejos de Administración y Comités de Dirección de gran parte de las empresas. Entre los riesgos que analizan las compañías, es creciente la sensibilidad hacia la correcta gestión del riesgo fiscal dada la trascendencia que un tratamiento incorrecto del mismo puede tener desde un punto de vista financiero, reputacional y de gobierno corporativo.

La correcta gestión del riesgo fiscal parte de una primera premisa importante: la involucración del Consejo de Administración y de los Órganos de Dirección en la fiscalidad de la compañía. Estos deben impulsar que sus empresas dispongan de una estrategia fiscal clara, alineada con sus objetivos y valores propios, que trasladen a sus empleados, inversores, proveedores y clientes. En esta estrategia debe definirse la postura de la compañía respecto a cuestiones tan diversas como la inversión en paraísos fiscales, la política de precios de transferencia, la inversión en vehículos, la relación con la administración tributaria y la transparencia fiscal entre otras.

Esta premisa parece estar interiorizada por los máximos ejecutivos directivos españoles según recoge el informe CEO Outlook 2019. Cuando se pide a los CEOs que identifiquen el indicador más importante para medir la mejora de la función fiscal en su organización, la descripción que cosechó más respuestas (20% de los CEOs españoles) es que “los riesgos fiscales se gestionan de forma apropiada en línea con los valores y los objetivos de la organización”, algo que los máximos ejecutivos globales desplazan a la sexta posición.

Abordar correctamente el riesgo fiscal requiere además, asegurarse de que las compañías dispongan de un correcto análisis de riesgos fiscales que les permita identificar, evaluar y mitigar los mismos. Este análisis debe realizarse considerando, por un lado, las distintas tipologías de riesgos a gestionar (riesgo normativo, de implementación, transaccional, operacional, externo, de compliance, etc.) y por otro, donde puede ubicarse el riesgo dentro de una compañía: recordemos que decisiones con implicaciones fiscales se toman, aun sin existir consciencia de ello, en numerosos departamentos de una compañía, desde recursos humanos a exportación, inversiones, y marketing, entre otros. Por último, hay que tener en cuenta los umbrales de riesgo que son aceptados en la organización y los mecanismos de valoración de los mismos.

La gestión de los riesgos fiscales requiere el control efectivo de los mismos, tanto para su detección, como para la implantación de mecanismos para su mitigación; considerando la trascendencia que la mitigación del riesgo tiene, no solo de cara a la eliminación de sanciones o pago de impuestos no esperados, sino también de cara a la exoneración de la responsabilidad penal de los administradores en el supuesto de existencia de un delito fiscal.

El control de riesgos fiscales deberá realizarse considerando, como mencionamos anteriormente, que no se circunscribe exclusivamente al departamento fiscal, por lo que deberá valerse de (i) controles financieros (por ejemplo, controles SCIFF, pagos de atenciones a clientes, de gastos de viajes), de (ii) controles no financieros (como procedimiento de alta de proveedores, de contratación, de uso del certificado digital) y de (iii) los propios procedimientos y controles asociados a la correcta presentación de declaraciones tributarias.

Para gestionar de forma eficaz el riesgo fiscal no hay que perder nunca de vista que múltiples departamentos de la empresa toman decisiones con implicación fiscal

Respecto a los controles es importante considerar que, dado el volumen de datos de naturaleza fiscal que se manejan, las múltiples obligaciones fiscales con las que deben cumplir las compañías y, el grado de digitalización de la administración tributaria, es muy difícil que se pueda realizar una correcta gestión de los riegos fiscales con la gran profundidad y eficacia requerida, si no se realiza apoyándose en un adecuado uso de las herramientas que la digitalización pone al alcance de las empresas. Éstas permiten una correcta identificación de riesgos fiscales, facilitando la implementación y ejecución de controles de forma automática y reduciendo por tanto la manualidad en el cumplimiento de obligaciones fiscales y evitando errores.

Como todo riesgo, es importante la medición de la correcta gestión del mismo mediante la introducción de indicadores. Ver la efectiva gestión del riesgo fiscal como un indicador clave de desempeño para la función fiscal, va a ser cada vez más importante. Y eso podría incluir, por ejemplo, medir la existencia y efectividad de los controles de riesgos fiscales, máxime después de la aprobación de la norma UNE 19602, o evaluar la forma en que las organizaciones son percibidas por el público en términos de reputación fiscal.

No debe olvidarse que la correcta gestión del riesgo fiscal requiere un correcto entendimiento del entorno en el que las empresas se mueven: múltiples órganos emisores de normas, legislación muy cambiante, creación continua de nuevas figuras impositivas, férreo control europeo para asegurar una correcta trasposición de Directivas Europeas en materia fiscal y para evitar la creación de figuras impositivas contraria a los tratados, digitalización de la administración tributaria con mecanismos de control automatizados, aumento de número de inspecciones con foco en cuestiones internacionales y precios de transferencia, etc.

La gestión de este entorno lleva a la necesidad de dotar a los departamentos fiscales de recursos humanos y materiales adecuados. Como apunta el 18% de los CEOs españoles (15% globales) en el informe CEO Outlook, la efectiva gestión de los recursos del departamento fiscal es un indicador muy importante para medir la mejora de la función fiscal en su organización.

Alberto Estrelles - Socio Director de KPMG Abogados.