Cuánta razón tenía Benjamín Franklin cuando decía que en la vida no hay nada más cierto que la muerte y los impuestos. Estos segundos están permanentemente en las agendas políticas de nuestros gobernantes. Muchas veces me he planteado si la aspiración de tener un sistema fiscal justo, equitativo, eficaz, estable, bien calibrado y moldeable para ir dando soluciones ágiles a todo lo nuevo y recaudar lo que se necesite en cada momento es pura utopía o podría ser una aspiración legítima de una sociedad moderna y democrática. La experiencia vivida en España hasta ahora no me permite ser muy optimista, y más bien confirma que el sistema fiscal es un recurso cortoplacista utilizado con fines políticos e intervencionistas, pero quiero pensar que podamos aspirar un cambio a mejor.
¿Se imaginan un modelo fiscal alejado de los planteamientos partidistas y del ventajismo político? ¿Un sistema que aspirase a la ‘fair taxation´ y sometiese a un gravamen justo y sin fisuras todas las capacidades contributivas, en modo predecible, estable y confiable y que no cambiase decenas de veces en cortos periodos de tiempo? Y con la capacidad de adaptar su potencia recaudatoria a las exigencias del gasto público y la inversión en cada momento coyuntural, pero ello sin necesidad de transformar sus bases y estructura, modulando básicamente los tipos de gravamen. Yo estoy convencido de que es viable si se tuviese altura de miras y se dejase trabajar a los expertos sin condicionantes políticos y oportunistas.
Esto exigiría entender que el sistema fiscal de un país es eso, un “sistema” donde cada componente afecta a los demás. Y por ello debe tratarse holísticamente, y no parche tras parche. Además, representa un reto adicional el encaje de los tres niveles de la Administración tributaria española: el estatal, autonómico y local, dando a cada uno lo suyo pero evitando redundancias y duplicidades que graven un mismo hecho imponible a varios niveles.
Una empresa de esa magnitud solo podría conseguirse alcanzando un amplio consenso que permitiera configurar un sistema tributario en España acorde a nuestra realidad del siglo XXI.
En mi opinión, el nuevo modelo debería descansar sobre los siguientes ejes.
Donde el paradigma no sea exclusivamente el beneficio contable, sino otras realidades derivadas de la nueva forma de operar de las empresas o la situación de las grandes multinacionales. Deben perseguirse impuestos eficaces, que marquen con estabilidad las reglas de juego de las empresas y donde la doble imposición quede absolutamente proscrita. Y para ser competitivos y eficientes nuestro país no debe quedarse con un modelo fiscal que desincentive la inversión extranjera y pueda dificultar la competitividad e internacionalización de las empresas españolas. Y todo ello en un escenario donde seguramente se legislará más a nivel europeo que en el propio Estado.
La ecuación contribuyente=votante abona la tentación de ganar votos ajustando las normas fiscales, y eso no es nada bueno. Además, tenemos un IRPF asentado en tipos muy altos (que previsiblemente se van a incrementar más), que afectan fundamentalmente a las rentas del trabajo y un esquema de fiscalidad del ahorro siempre sujeto a la incertidumbre, que es lo más desincentivador para un ahorrador. Adicionalmente se añade una multitud de impuestos descoordinados entre sí (entre otros, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, IRPF, IBI y plusvalías municipales, etc.). Todo ello, sin olvidar la necesidad de afrontar el problema de las pensiones, donde una palanca de solución pasa por incorporar hábitos de ahorro en los españoles durante su vida activa, para lo cual el incentivo fiscal es esencial. Sin duda este incentivo puede ser modernizado y completado, para premiar el esfuerzo ahorrador a largo plazo de las familias, que tantos beneficios aporta cuando las cosas se ponen difíciles en el país, lección a aprender de la última gran crisis económica.
La Administración tributaria española debe avanzar, e igual que es modelo en el mundo en cuanto a la gestión de la información y la utilización de medios electrónicos y digitalización, debe serlo en el uso inteligente de dichos recursos para atajar las bolsas de fraude que permanecen asentadas crónicamente en nuestro país a través de la economía sumergida. Y me refiero a ello con carácter general, actuando sobre la bolsa de fraude asentada en nuestra microeconomía, y no solo en las grandes empresas, como muchas veces se quiere torticeramente dar a entender, olvidando que son nuestros grandes motores que proyectan España al exterior. Este avance en una decidida lucha contra el fraude, le pese a quien le pese, ha de ir acompañado de un tránsito a una relación cooperativa entre Administración y administrado, donde se consiga una conexión más sincera y de mayor confianza con los contribuyentes. Estos últimos deben apreciar que enfrente hay un poder público que ofrece capacidad de respuesta, información, certidumbre y seguridad jurídica, y posibilidad de diálogo, a cambio de asumir los contribuyentes beneficiados por este modelo un compromiso de un gran comportamiento en el ámbito fiscal.
España es un país muy atractivo para vivir. ¿Por qué no lo hacemos igualmente atractivo para invertir y pagar impuestos? Somos un país abierto, con gran riqueza cultural, excelentes infraestructuras y enorme atractivo turístico, y podríamos ser un destino preferente para personas y empresas que quieran establecerse en la Unión Europea. Saquemos provecho de lo anterior y diseñemos un sistema fiscal que aporte elevadas dosis de seguridad jurídica a los que quieran venir y a los que ya están aquí y aprendamos de otros países, algunos vecinos a nosotros, que han creado un modelo fiscal que invita a invertir en ellos.
Para terminar, señalar que también tenía razón Winston Churchill cuando afirmaba que una nación no podía aspirar a prosperar gracias a los impuestos. Aspiremos eso sí a impuestos estables, sencillos en la medida de lo posible, predecibles, técnicamente calibrados y que recauden lo que en justicia corresponda, y dejemos las decisiones políticas en otro ámbito.
