La banca española, durante los últimos años de crisis económica, ha focalizado sus esfuerzos en la gestión de sus balances para su fortalecimiento, centrándose en el saneamiento de sus activos deteriorados con un esfuerzo muy fuerte en la dotación de provisiones, en reducir sus exposiciones de riesgo para reducir sus niveles de apalancamiento, en gestionar sus problemas de liquidez y en reforzar sus niveles de solvencia.
Esto, como es bien sabido, ha provocado una profunda reestructuración en el sistema financiero español con numerosas integraciones de entidades financieras, la transformación de las cajas de ahorro en bancos, la creación y traspaso de activos relacionados con el sector inmobiliario a la SAREB y la recapitalización del sector a través de ayudas públicas o de ampliaciones de capital o salidas a bolsa.
En el ejercicio 2013, los principales bancos españoles, tras dos años en pérdidas a nivel agregado, han conseguido unos resultados positivos agregados de unos 8.000 millones de euros. La rentabilidad sobre los recursos propios (RoE) promedio, no obstante, se ha situado en un 4% aproximadamente, nivel todavía lejano de los niveles de rentabilidad histórica obtenidos y, sustancialmente inferior a su coste de capital.
El objetivo fundamental para la banca española para los próximos años será volver a niveles de rentabilidad aceptables y, por tanto, las entidades financieras están focalizando sus esfuerzos de gestión en la cuenta de resultados.
No será, no obstante, una tarea sencilla debido al actual entorno macroeconómico y regulatorio.
A nivel macroeconómico continuamos en un escenario de muy bajos tipos de interés con el consecuente impacto negativo en los márgenes de los bancos. Asimismo, la demanda de crédito solvente todavía es escasa y, el “moderado” crecimiento previsto de la economía española para los próximos años, las todavía altas tasas de desempleo existentes y el elevado nivel de endeudamiento del sector privado no hacen prever un incremento importante del mismo. Dichos factores tampoco hacen prever que la morosidad descienda significativamente en el corto plazo.
Asimismo, los nuevos requisitos regulatorios que se están implantando, focalizados en aumentar la solvencia y seguridad de las entidades financieras (Basilea III exige incrementar la cantidad y calidad del capital, así como establecer ratios de apalancamiento máximo y liquidez mínima), mitigar el contagio entre entidades y el riesgo sistémico y, en caso de crisis, minimizar el coste para el contribuyente (cláusulas bail-in), no van a favorecer, al menos en el corto plazo, la mejora de la rentabilidad de las entidades financieras.
En este contexto, las entidades financieras están buscando una mayor eficiencia en sus negocios, a través tanto del aumento de los ingresos como de la reducción de costes.
En relación con el primero de los puntos, destacan las estrategias seguidas por las entidades financieras en captar y “cuidar” los segmentos de clientes solventes más rentables (p.ej. pymes o rentas altas). En este sentido, las entidades financieras persiguen la mejora de la calidad del servicio prestado y están realizando esfuerzos importantes para adaptarse a las nuevas tecnologías, aspecto fundamental para el modelo de negocio de la banca del futuro, y más teniendo en cuenta el incremento de la competencia a través de la proliferación de intermediarios financieros y fuentes de financiación no bancaria.
En relación con la reducción de costes destacan las estrategias seguidas por la entidades financieras para la reducción de su capacidad instalada, así como para la salida o venta de activos / negocios no básicos (non-core) o poco rentables.
En este contexto, se enmarcan las numerosas operaciones de ventas de carteras de préstamos problemáticos llevadas a cabo por la banca española en los últimos meses.
Actualmente, las entidades financieras españolas acumulan activos dudosos por importe de unos 200.000 millones de euros con un ratio de morosidad cercano al 14%. Asimismo, dichas entidades financieras tienen en sus balances, o en el de sus filiales inmobiliarias creadas / potenciadas para su gestión, numerosos activos inmobiliarios procedentes de daciones en pago o adjudicaciones.
Dichos activos son improductivos para las entidades financieras (en su mayor parte no generan ingresos) y, no sólo esto, adicionalmente les suponen tener que destinar unos recursos muy relevantes para su gestión (actividad de recobro, mantenimiento y gestión de venta,…), siendo este un negocio en el cual las entidades no son especialistas y que se aparta de su core business.
Durante el ejercicio 2013, de acuerdo con la información pública disponible, se realizaron transacciones de créditos problemáticos por importe nominal de más de 8.000 millones de euros, especialmente de préstamos sin garantía real (non secured) fallidos los cuales ya se encontraban provisionados en su totalidad.
Estas ventas, aunque se han producido con descuentos muy importantes respecto a su valor nominal (superiores al 90% en la mayoría de casos) por ser activos con probabilidad de recobro muy baja, han permitido a las entidades financieras obtener plusvalías, en la medida que la deuda ya estaba provisionada al 100%, y liquidez, a la vez que les han permitido liberar recursos de gestión dedicados al recobro y mejorar sus ratios de solvencia.
Dicha oferta de activos, tanto en volumen como en precios de venta, ha coincidido con el fuerte apetito comprador y, con los objetivos de precios y rentabilidades esperadas en la inversión, de un amplio colectivo de fondos internacionales especializados en el segmento distressed (los denominados “fondos bruite”), con interés en entrar o consolidar su presencia en España dado el importante tamaño de este mercado, tras los años de crisis económica, y su potencial de desarrollo futuro en un contexto en el que se vislumbra cierta recuperación económica.
Estos fondos no se han limitado únicamente a la compra de los mencionados activos crediticios sino que también, en muchos casos, han adquirido participaciones significativas en las plataformas de recobro y sociedades inmobiliarias de las entidades financieras, acordando contratos de gestión de las mismas. Estas operaciones permiten a los fondos incrementar sus cuotas de mercado y diversificar su cartera de productos y hacen prever que las operaciones de adquisiciones de préstamos problemáticos continúen en los próximos años, focalizándose en préstamos con garantía real (secured). Asimismo, las entidades financieras persiguen con estas operaciones externalizar y modernizar su actividad de recobro y gestión inmobiliaria, reducir los costes asociados a las mismas e incrementar sus tasas de recuperación / venta.
Por lo tanto, nombres como Apollo, Cerberus, Lindorff, Blackstone o HIG, entre otros, ya forman parte de nuestro contexto empresarial, y parece que han venido para quedarse y aprovechar un negocio surgido de la crisis económica de los últimos años.
Josep M. Realp
