Los empresarios de medianas compañías en España reconocen todavía tener muchas dudas sobre el informe del Estados de información no financiera (EINF), a pesar de que la ley que lo regula se aprobó en 2018 y de que su presentación es de obligado cumplimiento este año, también para compañías a partir de 250 empleados. Un 45,2% desconoce que su elaboración y validación por un auditor externo son obligatorios. Un incumplimiento que puede ser sancionado con multas de entre 1.200 y 60.000 euros.
Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden de la encuesta sobre Estados de información no financiera de la firma de servicios profesionales Grant Thornton, que analiza la percepción y el grado de conocimiento de 400 compañías medianas de entre 50 y 500 empleados con relación a la normativa de información no financiera.
El exponencial incremento de demandas sociales y el carácter obligatorio de la ley han favorecido un crecimiento de empresas que activan acciones a favor de la Responsabilidad Social Corporativa, aunque no al ritmo esperado, según los expertos. Un 42,6% declara no saber qué son los EINF ni qué utilidad tienen, frente al 57,4% que asegura estar al corriente.
Un 40,6% asegura que todavía no recopilan indicadores de información no financiera. De entre las empresas que ya recopilan información relacionada con su actividad no financiera, un 26,7% asegura que la recoge sólo desde el último año, un 13,9% entre uno y tres años y el 18,8% desde hace más de tres años, es decir, antes de la entrada en vigor de la L.11/2018.
Los directivos del mid market consultados reconocen que todavía les queda mucho recorrido en materia no financiera. Un 43,2% asegura no presentar a estas alturas ningún Estado de información no financiera o en su defecto una memoria de Responsabilidad Social Corporativa. El 20,6% dice que la realizan desde el último año, el 17,6% desde hace dos años y un 18,6% desde hace más de tres años.
El compromiso de las medianas empresas con la información no financiera se prevé que vaya en aumento durante los próximos ejercicios. Concretamente, un 19,4% de los directivos consultados aseguran que realizarán el informe este año, un 13,6% lo fija para dentro de dos años y sólo el 4,9% mantiene su compromiso para más allá de dos años. Destaca el 5,8% de las empresas que declaran que no tiene previsto desarrollarlo nunca.
Sergi Puig-Serra, socio de la Auditoría de Grant Thornton, señala que este nivel de conocimiento se debe sobre todo a “una cuestión de cultura empresarial. La mayor parte de las empresas, a excepción de las grandes cotizadas, no tienen la costumbre de trabajar con información no financiera y están llamadas a hacerlo de manera ágil y rigurosa. Para ello, sin duda, es necesario apostar por más formación, divulgación y, en definitiva, compromiso”.
La utilidad de los Estados de información no financiera es percibida todavía como un mero trámite burocrático. Un 90% de los empresarios en España aseguran que su finalidad es cumplir con la normativa vigente, un 34,7% reconocen que ayudan en la lucha contra el cambio climático, un 31,7% lo relaciona con mejoras en materia de Gobierno Corporativo y un 25,7% declaran que contribuyen a la mejorar las políticas de diversidad de la compañía.
De entre las materias que los empresarios consideran debería abordar un Estado de información no Financiera, destacan las relacionadas con Compliance y Gobierno Corporativo (74,3%), medioambiente (58,4%), cuestiones de personal (32,7%), acción social y beneficencia (25,7%) y Derechos Humanos (24,8%).
En general, las empresas medianas en España parten de una base compleja y todavía poco preparada para la elaboración de los EINF. Las principales trabas que se encuentran, según la encuesta de Grant Thornton, son la falta de conocimiento sobre cómo hacerlo (32%), el hecho de que hasta ahora no se habían medido aspectos medioambientales y sociales (26% y 25% respectivamente), la poca relevancia que le concede la alta dirección a esta cuestión (25%) y el desconocimiento para medir aspectos relacionados con Gobierno Corporativo (16%).
Jaime Romano, socio de Consultoría de Negocio de Grant Thornton, explica que “estos resultados ponen de manifiesto la urgente necesidad de las medianas empresas de poner todo su esfuerzo por adaptarse a las exigencias legales. Hace falta dotarlas de herramientas, conocimiento y metodologías precisas. Las empresas se someten a una relevante normativa que no contempla excepciones”.
Los principales datos de sostenibilidad, diversidad o Buen Gobierno Corporativo que recogen los Estados de información no financiera continúa generando interrogantes en las compañías del mid market en relación con su contenido, regulación y recopilación.
En la actualidad, las medianas empresas españolas focalizan sus esfuerzos de medición no financiera en los aspectos relacionados con la plantilla. Un 39,6% asegura registrar parámetros en relación con la paridad de género, brecha salarial entre hombres y mujeres (37,6%) y número de empleados discapacitados o en riesgo de exclusión (36,6%). En cuanto al medioambiente, el 30,7% asegura miden ya el volumen de residuos reciclados, el 27,7% el consumo de la energía renovable y el 22% los recursos económicos dedicados a la protección del medioambiente.
La complejidad que acarrea la elaboración del informe para muchas empresas las lleva a apoyarse en otras compañías externas para garantizar el correcto cumplimiento y optimizar los recursos disponibles. El 12,9% de los empresarios señalan que los informes de sus empresas los recopila un proveedor externo, frente al 65,3% que, pese a reconocer la dificultad en la preparación de este documento, no recurren a especialistas. Un porcentaje relacionado con el alto nivel de desconocimiento de las empresas en torno a esta cuestión.
El reparto diversificado de la tarea de recopilación de datos y la simplificación de la elaboración del informe del EINF son los importantes desafíos en la normalización de la información no financiera en las empresas. El 33,7% de los empresarios consultados afirman que el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa es el que se encarga de esa recopilación. Les sigue la Dirección General y Recursos Humanos (con 19,8% respectivamente) y el departamento de Marketing y Comunicación (7,9%), el área a la que menos se le atribuye esta tarea.
Para Sergi Puig-Serra “en este camino hacia el compromiso todas las divisiones deben estar plenamente conectadas en este objetivo tan transversal. Las empresas que atribuyen esta tarea a un órgano autónomo es probable que cumplan con el requisito legal pero que se ubiquen muy lejos del objetivo primordial que busca la ley y la sociedad”.
Entre los planes o medidas relacionadas con la sostenibilidad que las medianas empresas tienen en marcha, un 57,4% aseguran disponer de un Plan de Responsabilidad Social Corporativas. Por su parte, destacan sobre todo acciones a nivel interno, y en particular dirigidas a los empleados. Las más desarrolladas tienen que ver con planes de igualdad (38,6%), código ético o de conducta (35,6%), protocolos contra el acoso laboral (34,7%), planes de salud y seguridad en el trabajo (31,7%) y medidas de conciliación (27,7%)
En cuanto a los planes de formación para empleados, sólo el 16,8% de las empresas encuestadas aseguran lo dispone en la actualidad.
Estas acciones están relacionadas con la concienciación cada vez mayor de los empresarios con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre los ODS que más se atienden destacan el de Igualdad de género (46,5%), Trabajo decente y crecimiento económico (39,6%) y Salud y Bienestar (28,7%).
