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En sus cinco años de existencia, la Unión Bancaria europea ha conseguido algunos éxitos notables. Cuando entró en funcionamiento el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el volumen de préstamos dudosos (NPLs, por sus siglas en inglés) ascendía a un billón de euros (algo menos del PIB español) y la tasa de morosidad se situaba en el 8%. Los últimos datos publicados, correspondientes al tercer trimestre de 2019, reducen ese lastre a menos de 550.000 millones y una ratio sobre el total de préstamos del 3,40%. Si observamos la mejora en los niveles de capital, la evolución es igualmente satisfactoria. La tasa de capital CET1, el más representativo, ha pasado en estos cinco años del 11,3% al 14,4%, y si la comparación se hace con 2007, en vísperas del estallido de la crisis, el grosor del colchón de solvencia prácticamente se ha triplicado.

Son datos que se recogen en el informe Unión Bancaria, ¿un negocio sostenible?, recientemente publicado por PwC. Los supervisores, en efecto, tienen razones para estar razonablemente contentos con los resultados, hasta la fecha, de la Unión Bancaria. Pero, como se suele decir, el estado natural de un supervisor es la insatisfacción.

Un supervisor nunca es completamente feliz. Siempre hay riesgos que controlar, prácticas que mejorar, errores que prevenir, debilidades a las que apuntar. Eso es lo que explica que incluso en la actual favorable situación de capital y de control de riesgos, el supervisor siga elevando la presión, erre que erre, apretando aquí y allá, para reforzar la estabilidad del sistema financiero.

Es verdad que en 2019 el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) congeló sus exigencias de capital derivadas del examen del Proceso de Evaluación y Revisión Supervisora (SREP, por sus siglas en inglés). Una vez concluido el periodo de adaptación progresiva del colchón de conservación de capital establecido por los Acuerdos de Basilea, que obligaba a incrementarlo cada año un 0,625%, la mayoría de las entidades europeas repitieron requerimiento de CET1 para 2020. En el caso de los bancos españoles considerados significativos, el MUS les exigió el mismo capital que en 2019.

Pero el informe también señala que el estancamiento formal de los requerimientos es, en cierto sentido, engañoso, ya que las autoridades supervisoras han encontrado fórmulas para continuar presionando y reforzar el capital de las entidades de crédito. Una de ellas es la aplicación del denominado colchón anticíclico, que se usa para moderar un excesivo crecimiento del crédito. Esta herramienta, que se activa por decisión de los bancos centrales nacionales, está empezando a generalizarse en Europa, aunque no ha entrado en vigor en España.

Otras decisiones parciales que también hacen más difícil para los bancos el cumplimiento de sus obligaciones de solvencia son el endurecimiento de las inspecciones, la nueva definición de default y la ampliación a todo el stock crediticio de la cobertura de los préstamos dudosos (NPLs, por sus siglas en inglés) de cierta antigüedad.

Nos encontramos en Europa, pues, ante una situación en la que las instituciones de crédito están altamente capitalizadas en términos históricos y con tendencia a estarlo todavía más. La duda que surge es si esa fortaleza y esa tendencia son adecuadas para la actual coyuntura económica, caracterizada por la apatía de la actividad.

Muchos expertos temen que lleguemos a estar inmersos en una especie de japonización de la economía, con crecimientos del PIB muy pequeños o nulos. Si aceptamos esa hipótesis, ¿es la sobrecapitalización de la banca la mejor solución? ¿O más bien ese exceso de capital, con el consiguiente perjuicio para la capacidad de los bancos de conceder crédito, puede constituir una rémora para la reactivación económica? ¿Estamos matando moscas a cañonazos?

Una segunda reflexión sobre el elevado nivel de capital alcanzado ya por la banca europea es que no ha servido hasta el momento para mejorar la rentabilidad del sector ni para atraer a los inversores. La teoría, defendida recurrentemente por los supervisores, indica que un banco es más solvente cuanto mayor sea su CET1, pero esta visión estática de la solvencia no es siempre cierta, porque cuanto más capital se requiere, el ROE más sufre (6,6% en la Unión Europea y 7,1% en España) y más ahuyenta a los inversores, con la consiguiente inestabilidad percibida por el mercado.

De ahí que la trayectoria del sector europeo en bolsa sea muy decepcionante (la capitalización bursátil es todavía un 50% inferior a la de 2007). Lo que sí es cierto que cuanto más rentable sea un banco, más solvente resulta (por su capacidad para generar reservas). De ahí que el sector pida a gritos que el supervisor no considere solo la solvencia estática (el CET1), sino también la solvencia dinámica (su capacidad de generar resultados y reservas, con una prudente gestión del dividendo).

Es decir, que se ponga freno a los requerimientos de capital para que el valor en bolsa se recupere de una vez y contribuya a la estabilidad del sector financiero, fin último de los supervisores.

Una posibilidad que se abrió en 2019 para crear sinergias e intentar mejorar estos indicadores de coyuntura del sector fue el aparente desbloqueo del debate sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, que es la pieza que falta para completar el rompecabezas de la Unión Bancaria.

Su creación (Alemania parece por fin dispuesta a discutir la cuestión) armonizaría las reglas del juego y facilitaría las fusiones transfronterizas, en línea con los objetivos del MUS, que incluso podría plantearse suavizar los requerimientos de capital en las operaciones de consolidación. Los supervisores, en efecto, están preocupados porque las entidades del sector, lejos de internacionalizarse y sanearse a base de operaciones, cada vez está más replegadas en sus fronteras nacionales.

En medio de las dudas y los claroscuros sobre la eficacia de la Unión Bancaria, en 2019 irrumpió con fuerza el concepto de las finanzas sostenibles, una tendencia muy reciente pero que está empezando a cambiar la manera de hacer banca. El sector financiero tiene un papel crucial para canalizar en Europa las inversiones, previsiblemente muy cuantiosas, en el desarrollo sostenible, que incluye proyectos medioambientales, pero también sociales y de gobernanza.

La tarea no es fácil, porque los bancos deben aprender a identificar y cuantificar los riesgos y costes de los proyectos o productos financieros relacionados con la sostenibilidad, pero las oportunidades de negocio potencial son múltiples. Sólo la Comisión Europea pretende movilizar 260.000 millones de euros anuales. Además, las finanzas sostenibles son una manera de mejorar la reputación del sector, sobre todo entre los jóvenes, que son un segmento de la población particularmente comprometido con los desafíos de la sostenibilidad.

Las instituciones europeas están presionando a las entidades de crédito para que se sumen a esta tendencia, se conciencien de la importancia de incorporar la sostenibilidad a su forma de trabajar y promuevan la transición hacia una economía sostenible. Los bancos se quejan, con razón, de que se trata de un territorio inexplorado para ellos y reclaman ayuda para progresar en esa dirección, pero no deberían esperar mucha ayuda de los supervisores.

La EBA, por ejemplo, ha marcado ciertos criterios para empujar a las entidades a integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio, pero se trata de orientaciones muy generales. “Nosotros no sabemos de esto”, se oye en los pasillos de la EBA a modo de justificación.

Los bancos centrales también están reevaluando su papel y han lanzado un debate sobre las consecuencias de los riesgos medioambientales en su política de supervisión. La convicción de que el calentamiento global, por ejemplo, acarrea importantes riesgos financieros ha abierto la puerta a que los criterios climáticos se incorporen en las pruebas de estrés de los bancos europeos de 2022.

Mucha más controversia suscita, en cambio, la posibilidad de que se reduzcan los requerimientos de capital a los bancos que financien proyectos medioambientales. También hay debate sobre la política de compras de activos y el Banco Central Europeo ha anunciado que examinará si su cartera de 200.000 millones de euros en bonos corporativos debe tener en cuenta criterios medioambientales.

El informe concluye que la evolución del sector bancario en Europa depende de dos preguntas interrelacionadas. Por una parte, hay que cuestionarse si la Unión Bancaria, con todos sus méritos y beneficios, hace de la banca un negocio sostenible en el tiempo. Y de la misma manera cabe preguntarse también en qué medida esa proyección sobre la viabilidad del sector depende de la integración en su cultura y en su modelo de negocio de la triple dimensión de la sostenibilidad, con el objetivo de construir una sociedad más verde, más justa y mejor gobernada.

Alberto Calles - Socio responsable de la Unidad de Regulación Financiera de PwC